El presidente del PP-A Javier Arenas, presentó este jueves la proposición no de ley sobre Profesionalización, Austeridad y Código de Buen Gobierno en la Administración de la Junta que su partido llevará al Parlamento y en la que se plantea, para acabar con el actual "despilfarro", reducir las consejerías de las quince actuales a diez y el número de altos cargos en un 50 por ciento, así como que todos los directores generales y delegados provinciales sean funcionarios de carrera.

Arenas manifestó en un acto del PP-A en Sevilla que, cuando su partido llegue al Gobierno andaluz, pondrá en marcha de manera inmediata las medidas contempladas en la citada iniciativa, apuntando que se tienen que adoptar tanto "con crisis como sin crisis" económica porque en Andalucía existe en este momento un problema: la "elefantiasis de la administración pública", que tanto dinero cuesta a los andaluces, según apuntó.  

El dirigente popular se mostró convencido de que una administración pública austera y la disminución del peso político en la misma redundará en beneficio de los ciudadanos, mientras agregó que cuando el PP llegó al Gobierno central en 1996, ya se pusieron en marcha muchas medidas que iban en ese camino. "Pretendemos profesionalizar mucho más la función pública y racionalizarla y que desaparezcan determinados privilegios para algunos que tienen una ideología concreta", señaló Arenas.

"En la comunidad con más paro de España y con menos convergencia con Europa no podemos tener la administración con más burocracia y más altos cargos, afirmó Javier Arenas, quien insistió en la necesidad de una "propuesta seria y creíble" de austeridad y adelgazamiento de la administración, que consistiría en reducir a diez el número de consejerías, reducir en un 50 por ciento el número de altos cargos y disminuir en un 25 por ciento los puestos de libre designación.

Las diez consejerías que propone el PP son las de Presidencia, Administración Local y Justicia (asumiría las competencias de Gobernación); la de Economía, Hacienda y Comercio; la de Educación, Juventud y Deporte; la de Vivienda y Ordenación del Territorio; la de Aguas, Medio Ambiente e Infraestructuras; la de Igualdad de Oportunidades, Empleo e Inmigración; la de Salud y Bienestar Social; la de Innovación, Empresa y Universidad; la de Cultura y Turismo, y la de Agricultura, Pesca y Ganadería.

Asimismo, propone reducir el número de delegados provinciales en cada provincia pasando de los catorce actuales a siete y que serían de Presidencia, Administración Local y Justicia (con competencias de Gobernación y  Administración Pública); de Economía, Hacienda y Comercio, (con competencias en Empresa y Turismo); de Educación, Cultura y Deporte (con competencias en Juventud); de Aguas, Medioambiente e Infraestructuras (con competencias en  Ordenación del Territorio y Vivienda); de Igualdad de Oportunidades, Empleo e Inmigración, (con competencias en Innovación, Universidad e Industria); de Salud y Bienestar Social, y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Otra de las medidas que reclama la propuesta del PP andaluz es que los secretarios generales técnicos de las consejerías dejen de ser considerados altos cargos de la administración y que sus funciones recaigan sobre la Jefatura de la Asesoría Jurídica de cada consejería.   

Javier Arenas exigió al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que siga el camino de otras comunidades, como Madrid, que ha pasado de 15 a 10 consejerías; Murcia, de 12 a 9; Castilla-La Mancha, de 14 a 10; Galicia, de 13 a 10 o País Vasco, de 11 a 10.

Para Arenas, la reducción del cinco por ciento que ha acometido el Ejecutivo en el número altos cargos es una auténtica "falsedad", toda vez que los que han salido, están siendo "recolocados" en la propia administración, en empresas públicas o en cajas de ahorro, con lo que, sin duda, ha existido "trampa". Apuntó que otras comunidades, como Galicia y País Vasco, han anunciado recortes del 47 y del 20 por ciento, respectivamente, en el número de altos cargos.

No cobrar más que el presidente de la junta

De igual manera, defendió fijar unos criterios objetivos en las retribuciones de los altos cargos de la administración andaluza y organismos dependientes, así como en los órganos de extracción parlamentaria con participación mayoritaria de la Junta, de forma que alcancen, como máximo, el nivel retributivo del jefe del Ejecutivo andaluz.

Por otro lado, la propuesta del PP andaluz insiste en garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, publicidad, concurrencia y transparencia en todos los contratos civiles, laborales, mercantiles y administrativos celebrados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos dependientes. Del mismo modo, hace hincapié en garantizar el acceso de los ciudadanos al Empleo Público, así como su promoción, bajo los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Por último, Arenas señaló que el PP reclamará la elaboración de un Código de Buenas Prácticas del Gobierno que contemple la reducción de gastos de protocolo y representación; de obras de rehabilitación y reposición en despachos; de alquileres; de gastos en publicidad y propaganda; de viajes y de personal adscrito al gabinete de las consejerías; así como un plan de ahorro energético.

Asimismo, este código establecería un régimen más severo para ex altos cargos en relación con la contratación autonómica; el mandato por el que ningún familiar directo del presidente, consejeros o altos cargos ocupen la titularidad de un órgano directivo en la administración pública, ni pueda realizar contrataciones con la administración a través de adjudicaciones directas, entre otras medidas.