Aunque estaba previsto finalizar la eliminación de la Atención Primaria de la orden de tarifas de los conciertos sanitarios para el final del año pasado, habrá que esperar unos días más para hacerla efectiva. El nuevo documento al que ha tenido acceso este periódico, se encuentra en la fase de información pública y ha sido trasladado a los agentes sociales que participaron en las distintas mesas sectoriales que se reunieron para llevarlo a cabo. Posteriormente se contestarán sus alegaciones, se elaborará el texto definitivo y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su entrada en vigor veinte días después.

La principal novedad que incluye la nueva orden, además de la supresión a todos los efectos de la Atención Primaria de su articulado, es la introducción del denominado "acto único asistencial" que reemplaza a la "consulta de Alta Resolución". Se trata, según se explica en el texto de la orden "de una forma de atención médica que permite que el paciente sea visto por un especialista, se le realicen las pruebas diagnósticas necesarias y se le proporcione un tratamiento o una propuesta terapéutica, todo en la misma sesión". En el anexo, se recoge que siempre que el mismo no pueda darse en un centro de atención pública y sea derivado a la privada, la tarifa máxima que abonará el Servicio Andaluz de Salud, será de 250 euros por consulta.

La Consejería de Salud señala en el texto de la nueva orden que se suprime el cuadro del Anexo referido a "Consultas". Por lo que respecta al concepto de "Consulta Médica de Atención Primaria", se elimina por estar referido a la concertación de la asistencia sanitaria de Atención Primaria que se prestará en todo caso con servicios propios del SAS. De la misma manera, los conceptos de "Consulta" y "Consultas Sucesivas referidas a la Atención Hospitalaria" se eliminan por no considerarse objeto de concertación.

También se elimina de la nueva orden la disposición adicional segunda que establece que, "la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas" de la Consejería de Salud y, "si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. Para ello, la Consejería con competencias en materia de salud determinará las tarifas para la realización de procedimientos en instalaciones propias de la Administración". Desde la Consejería justifican esta eliminación "por considerarse innecesaria y resultar la previsión legal de carácter básico de aplicación directa".

La justificación de la Consejería de la eliminación de la orden anterior aprobada el 23 de febrero del año pasado que "tenía como objetivo desarrollar un sistema de presupuestación y tarificación de convenios para garantizar el aseguramiento público y gratuito para el usuario de la prestación asistencial, acudiendo la Administración a la colaboración privada para la prestación de la misma, sólo en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad fuese insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias y salvaguardando en todo caso la naturaleza pública de la cobertura, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria. La especialidad en al contratación en la asistencia sanitaria concertada hacía recomendable esa norma reglamentaria con objeto de complementar la normativa aplicable en materia de contratación administrativa".

No obstante, lo más llamativo de la nueva orden es cuando se asegura que "habida cuenta de la finalización de la pandemia Covid-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud con fecha 5 de mayo del año pasado, se considera la oportunidad de concertar la Atención Primaria", por lo que "a tal efecto se modifica el anexo de tarifas de la Orden de 23 de febrero de 2023, suprimiendo las tarifas máximas asociadas a Atención Primaria incluidas en el cuadro final".

Hay que recordar que durante meses tanto la consejera de Salud como todo el Gobierno de la Junta de Andalucía se resistió a la modificación del texto. De hecho, llegó a modificarla hasta en dos ocasiones para garantizar a los representantes sindicales de los profesionales sanitarios que la misma sólo se haría en caso de que se decretara una nueva pandemia, o incluso en eventos de ataques de bioterrorismo.

La orden de tarifas establecía un precio de 65 euros para las consultas de Atención Primaria "que se realicen en las instalaciones de las empresas privadas" y precisaba que en el caso de que se hagan en dependencias del SAS "se vería reducida en un 35%". Además el cuadro de consultas, se fijaba una tarifa de 150 euros para la primera atención, 90 euros para las sucesivas y 215 euros para las de Alta Resolución que ahora quedan eliminadas.

Meses de conflicto

La eliminación definitiva de la Atención Primaria de la orden de tarifas de los conciertos sanitarios con empresas privadas, pone fin a uno de los conflictos más enconados del Ejecutivo de Juanma Moreno y no sólo en la presente legislatura y que abarcó todo el año pasado. Desde que se conociera la inclusión por primera vez de la Atención Primaria entre los servicios que podía delegar el SAS, los sanitarios iniciaron una serie de protestas para conseguir un pacto con la Consejería que salvaguardara el principal servicio que presta en Andalucía.

En todos esos meses, ni la consejera de Salud, Catalina García, ni el resto de miembros del Gobierno andaluz dieron su brazo a torcer, hasta pocos días antes de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo. Díaz antes, tal y como adelantó este periódico el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que había reconocido que la inclusión de la Atención Primaria en la orden de tarifas se hizo sin su conocimiento, dio la orden de alcanzar un acuerdo a cualquier precio. Lo primero que los sindicatos expusieron al ahora dimitido director gerente del SAS, Diego Vargas, fue la retirada de esa orden. De hecho, en el pacto firmado el 22 de mayo por los principales responsables sindicales, se incluye un primer punto que exige “la retirada de la Orden de 23 de febrero de 2023 por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios y conciertos con los siguientes aspectos: del cuadro de tarificación, la mención a la consulta de la Atención Primaria y la mención a la posibilidad de utilizar medios públicos por la empresa privada”.

No fue hasta justo antes del verano cuando, tal y como adelantó este periódico, se dio comienzo a un proceso más que complejo para elaborar una nueva orden sin la inclusión de la Atención Primaria. Según reconocieron entonces desde la Consejería, se trataba de elaborar un texto completo desde el comienzo, no de una rectificación o corrección, ya que afectaba al articulado de la misma. Requería la presentación de memorias de varias consejerías del Gobierno andaluz, que van desde la económica hasta la de igualdad de género. Todo este proceso debería contar con el visto bueno tanto de los servicios jurídicos del SAS, como del gabinete jurídico de la propia Junta de Andalucía.

A pesar de todos esos trámites se llevaron a cabo de manera simultánea en un intento por acelerar todo el proceso y de las pretensiones de la Consejería por haberlo finalizado el año pasado, no será hasta finales de este mes o comienzos del siguiente cuando la Atención Primaria se preste de manera exclusiva en el SAS y en dependencias públicas.