Dos miradas distintas sobre el campo. Dos proyectos divergentes para la agricultura andaluza. Un choque importante -aunque ambas formaciones hagan todo lo posible por mitigar la discrepancia- entre los socios que gobiernan la Junta.

El Banco Público de Tierras es una prioridad para Izquierda Unida. Y espera con este proyecto el mismo éxito que tuvo la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, con el de la función social de la Vivienda.

La responsable de Agricultura en el Grupo Parlamentario de IU, Lola Quintana, reivindica que el Banco Público de Tierras debe estar en funcionamiento antes de que concluya la actual legislatura. "Lo contrario sería un grave retroceso", advierte, y alega que "una situación excepcional como la actual, de crisis, desde luego también en el campo, requiere medidas excepcionales".

Sin embargo, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha repetido en más de una ocasión que no tiene ninguna documentación de IU sobre su mesa. En la línea de la presidenta, Víboras cita el observatorio y, eso sí, para despejar cualquier idea de fisuras en el seno del Ejecutivo, acusa al PP de intentar sembrar cizaña entre los socios de la Junta con el asunto del Banco Público de Tierras.

Lo que el PP sostiene, por boca de su parlamentario y portavoz de Agricultura, Miguel Ángel Arauz, es que IU "aprieta pero no ahoga", porque el "PSOE sigue sin tener en cuenta las propuestas rocambolescas" de su socio, que con una "política de aldea, de corralito, pretende salvar al campo andaluz". Su jefe de filas, el secretario general José Luis Sanz, va más allá y espera que "si alguien queda con cabeza en el bipartito imponga cordura y paralice el Banco Público de Tierras".

El coordinador de IU-CA, no puierde la esperanza, y en más de una ocasión ha recordado que el decreto contra los desahucios no estaba en el acuerdo de gobierno que su formación alcanzó con los socialistas "y se aprobó".

¿Y las organizaciones agrarias? COAG considera que el banco público de tierras "ha de concebirse con un instrumento y no como un fin en sí mismo, una herramienta para crear empleo mediante la puesta en producción del patrimonio agrario que esté infrautilizado". Para COAG, "la gestión de este patrimonio ha de favorecer el desarrollo del modelo social de agricultura, mayoritario en nuestra comunidad, que gira en torno a la explotación familiar agraria y al agricultor profesional, ya desarrolle su actividad a título individual o a través de entidades asociativas. Desde COAG consideramos que es este modelo el que garantiza la función social de la tierra, con independencia del régimen de titularidad".

Asaja, organización a la que algunos atribuyen un papel clave en la presión que el Ejecutivo pueda recibir para frenar las expectativas de IU, quiere antes que se les concrete "qué es eso" del Banco Público de Tierras. Porque su presidente, Ricardo Serra, califica de "etérea" la propuesta, al tiempo que recela de su objetivo. "¿Qué persigue? ¿Cuáles son sus fines?", se pregunta.