Los padres de la joven asesinada Marta del Castillo han recurrido al Tribunal Constitucional para que anule las dos sentencias que condenaron por el crimen a Miguel Carcaño, ya que les negaron pruebas y se vulneró su derecho a la tutela judicial al juzgar por separado al asesino y al menor que lo encubrió. La abogada de la familia, Inmaculada Torres, pide que el TC anule la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a Carcaño a 20 años de cárcel y el posterior fallo del Tribunal Supremo que amplió la pena en un año y tres meses de prisión por un delito contra la integridad moral de los padres, al no desvelar el paradero del cuerpo.

Torres ha informado de que en su recurso plantea que se vulneró el derecho de la familia a la tutela judicial efectiva en todas sus expresiones: el derecho al juez natural predeterminado por la ley, el principio de seguridad jurídica y el derecho a obtener una resolución motivada, y además ambas sentencias incurren en incongruencia omisiva "al no haber resuelto cuestiones jurídicas planteadas por la acusación particular". También se vulneró el derecho a la prueba, por la negación de diligencias interesadas por la acusación particular, ha añadido la letrada en referencia a aspectos que les fueron denegados como la declaración de los padres de Samuel Benítez -absuelto de encubrir el crimen- y del comisario que dirigió la investigación.

La sentencia de enero pasado del Supremo, que incrementó la condena a Carcaño, "lejos de corregir los citados vicios, los mantuvo" al no haber resuelto todas las cuestiones jurídicas planteadas y por haber dictado una "nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia de Sevilla" cuando ordenó repetir el fallo solamente en lo referente a la absolución de Samuel Benítez. Todo ello "provoca la ruptura de la unidad de pronunciamiento, vulnerando el derecho al juez imparcial al ordenar un nuevo pronunciamiento al mismo tribunal que ya se ha pronunciado con anterioridad sobre el fondo, lo que conlleva la pérdida de apariencia de objetividad", defiende en su recurso.

Además, la acusación argumenta que el crimen cometido el 24 de enero de 2009 fue juzgado en vulneración del derecho al tribunal predeterminado por la ley, pues el menor apodado El Cuco fue enjuiciado por el Juzgado de Menores -que le impuso dos años y 11 meses por encubrimiento- y ello "dio lugar a dos pronunciamientos distintos". La segunda sentencia sobre Samuel, en la que la Audiencia de Sevilla confirmó en mayo su absolución de haber participado en la ocultación del cuerpo de la víctima, también ha sido recurrida por los padres ante el Supremo por "contradicción e incoherencia en el relato de extremos importantes".

Torres ha indicado que, en este caso, alegan infracción del derecho a un juez imparcial y que la Audiencia dictó su segunda sentencia "sin hacer una verdadera revisión del primer pronunciamiento, expresando en la misma que los hechos alegados por las acusaciones no se han probado". Argumenta, junto a ello, que emitieron la segunda sentencia unos magistrados cuya recusación había sido intentada "en tiempo y forma", aunque luego fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).