Costa

El sindicato de policía denuncia a la alcaldesa de Motril ante la Fiscalía en el último día de campaña electoral

Imagen de archivo de una manifestación del SIPLG en Motril

Imagen de archivo de una manifestación del SIPLG en Motril / Alba Feixas

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) en su sección de Motril y la Unión de Policías Locales y Bomberos de España (UPLB) denuncian, a 48 horas de las elecciones, ante la Fiscalía de Granada a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, así como a varios componentes del actual equipo de Gobierno, puestos de confianza y técnicos por un presunto delito de usurpación de funciones públicas, malversación de fondos públicos y de prevaricación. 

El conflicto laboral entre el Ayuntamiento y la Policía Local continúa aumentando y lejos de solucionarse, el cruce de acusaciones entre administración y trabajadores municipales no cesa y se traslada a la Fiscalía. De hecho, tras la problemática suscitada tras la huelga convocada por el cuerpo policial en Semana Santa, el Ayuntamiento, a través del despacho Aránguez Abogados, se presentó el pasado mes de abril una denuncia penal contra 57 agentes de la Policía Local, por la presunta comisión de un Delito Continuado del artículo 409 del Código Penal, es decir, por abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público. Posteriormente, el SIPLG demandó a García Chamorro, por "acusar" a los delegados sindicales de "orquestar un discurso de odio" o "instigar" pintadas homófobas y machistas en los carteles de su candidatura. Ahora, según explican desde el sindicato en una nota de prensa, "tras estudiar profundamente los hechos producidos en la pasada Semana Santa y el dispositivo de seguridad excepcional creado por la edil y todo el material gráfico aportado, el Bufete Caleta 4 entiende que los hechos podrían ser constitutivos a priori de un delito de usurpación de funciones públicas, regulado en el artículo 402 y siguientes del Código Penal; de un delito de malversación de fondos públicos, regulado en el artículo 432 bis y siguientes del código penal; y de un delito de prevaricación regulado en el artículo 404 del Código Penal".

Desde el sindicato añaden que sobre los hechos, "queda sobradamente demostrado de que el supuesto dispositivo excepcional, creado únicamente a través de un bando municipal, el cual de manera clara y concisa realiza funciones que le son de exclusividad a la Policía Local en el casco urbano. Los voluntarios y la empresa contratada para ello, realizó, y queda sobradamente probado de forma gráfica, regulación y corte de tráfico rodado. Una función exclusiva de la Policía Local de Motril". 

Además, aseguran que los hechos "fueron avisados por el Sindicato de manera previa, con suficiente tiempo, incluso registrado en Sede Electrónica del Ayuntamiento de Motril, de que podría ser constitutivo de los delitos señalados, no obstante sus dirigentes decidieron hacer caso omiso y crear un supuesto dispositivo excepcional, encabezado por personas que no son aptas, no están formadas ni tituladas para poder realizarlo. Queda sobradamente probado que de estos hechos tenían conocimientos previos, también en declaraciones posteriores, que nuestra máxima edil conocía los riesgos y los asumía con su propio patrimonio y queda también altamente probado que supuso un agravio, ya que hay imágenes que demuestran como este dispositivo no fue capaz en varias ocasiones de que los servicios sanitarios llegaran a atender urgencias médicas con la suficiente celeridad".

Motivo por el los dos sindicatos -SIPLG y UPLB- deciden poner una denuncia ante Fiscalía para que decida si es necesario emprender investigación de los delitos expuestos. 

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Motril para conocer la versión de García Chamorro, aunque se ha declinado realizar ningún tipo de declaraciones sobre el tema por el momento, y aseguran que por el momento, no tienen ninguna notificación oficial.

Por su parte, el vice portavoz socialista, Francisco Sánchez-Cantalejo, afirmado que se trata de "un nuevo escándalo que mancha la imagen de Motril", por lo que es motivo más que de sobra para que el PP la haga dimitir. "No se puede permitir tener una candidata que no para de entrar y salir de los juzgados por su forma de hacer política, cuanto menos tan poco ética y falta de honestidad".

En la línea, Sánchez-Cantalejo asegura que la popular "es indigna de representar a Motril y reclama a la dirección provincial y a Juanma Moreno que no la mantengan como alcaldesa ni como candidata ni un minuto más porque es un escándalo y una vergüenza para Motril".

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