El Gobierno aprobó ayer medidas para dinamizar el comercio, entre las que se encuentra la ampliación del número de ciudades obligadas a liberalizar horarios en zonas turísticas. Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el objetivo es impulsar el binomio "turismo y comercio" para multiplicar su impacto en la generación de empleo.

Diez serán las nuevas urbes que se sumen a las 14 ya definidas en 2012. San Sebastián, Coruña, Santander, Oviedo, Gijón, León, Salamanca y tres ciudades andaluzas: Almería, Jerez de la Frontera y Marbella, aunque ésta ya cuenta con áreas con libertad de horarios comerciales.

En el plazo de seis meses (a contar desde que entre en vigor la normativa), los ayuntamientos deberán delimitar lo que consideren zonas de gran afluencia turística, propuesta que tendrá que ser aprobada por la comunidad autónoma.

Para ampliar el número de ciudades obligadas a contar con al menos una zona de gran afluencia turística (ZGAT) en la que las tiendas puedan abrir cuando quieran, el Ejecutivo ha rebajado los criterios implantados en 2012 para delimitarlas. Así, si antes se contemplaban ciudades con más de 200.000 habitantes y 1 millón de pernoctaciones, estos límites se rebajan a 100.000 habitantes y 600.000 pernoctaciones.

Hasta ahora, cumplían los criterios Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Cartagena, Madrid, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, y cuatro andaluzas: Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada.

Por otra parte, dentro de las medidas para dinamizar el comercio minorista, el Ejecutivo ha aprobado una rebaja de las comisiones que los establecimientos pagan a los bancos por el uso de la tarjeta, con un límite del 0,30% para las de crédito -frente al 0,75% actual- y del 0,20% para las de débito -frente al 0,30%-. Para garantizar el cumplimiento de las limitaciones se prohibirá expresamente repercutir lo gastos al ordenante.

De otro lado, el Gobierno también aprobó ayer un tratamiento singular para los pagos con tarjeta de pequeño importe, de hasta 20 euros, en los que las comisiones serán más bajas, de 0,2% para las de crédito y 0,1% para las débito.

Por otra parte, el real decreto agiliza la implantación, traslado o ampliación de superficies comerciales. Así, se limitan los supuestos de exigibilidad de licencia, se establece un procedimiento integrado, de forma que el ayuntamiento y la comunidad autónoma correspondiente tramitarán de forma conjunta la solicitud de implantación de una superficie comercial, y se reduce a la mitad el plazo de tramitación, de 6 a 3 meses.

Además, se eliminan restricciones introducidas para defender un modelo empresarial en detrimento de otro -grandes superficies frente a pequeño comercio-. En regiones como Cataluña o País Vasco las grandes ven frenada su expansión debido a que las autonomías se lo impiden con argumentos medioambientales o urbanísticos.