El Gobierno y los independentistas de Junts y ERC ultiman las enmiendas parciales que previsiblemente registrarán de forma conjunta con el PSOE a la ley de amnistía y que van dirigidas a evitar lagunas jurídicas o dobles interpretaciones, unas iniciativas que serán “pocas y muy técnicas”, inciden fuentes cercanas a la negociación.

El objetivo, señalan, es precisar al máximo la ley para que no haya “dobles interpretaciones”. Este martes finaliza el plazo de registro de enmiendas a las 18:00 y no está previsto que otros socios parlamentarios como Bildu registren iniciativas a la ley. Fuentes de esta formación inciden en que valorarán las que se presenten. Pero lo cierto es que otros aliados, como el PNV, se lo están pensando.

Y es que la amnistía continúa su camino parlamentario justo después de que el Ejecutivo haya pactado con Junts la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat catalana, lo que ha levantado las suspicacias entre los nacionalistas vascos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya ha reclamado al Gobierno que también transfiera al País Vasco las mismas competencias.

Sumar está analizando enmiendas parciales por “dudas en el procedimiento” a la hora de aplicarse la ley, señalan fuentes de su entorno, que califican los cambios como “técnicos” aunque desvelan su importancia para que no haya interpretaciones.

No quieren que ningún artículo pueda tener lagunas jurídicas que dejen en el aire la aplicación de la amnistía si no hay peticiones expresas para aplicar la ley y buscan dar garantías de que se aplicará a todos los beneficiarios, los encausados y los ya condenados.

“Que no haya margen de interpretación en los tiempos políticos que vivimos”, recalcan las mismas fuentes. En este sentido, uno de los artículos de la ley señala que la amnistía de los delitos será aplicada por los órganos judiciales “de oficio, o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal” y cuando sean infracciones administrativas o que impliquen una responsabilidad contable, la aplicarán “los órganos competentes” para iniciar o tramitar los procedimientos.

Podemos tampoco se ha pronunciado sobre sus posibles enmiendas a la ley, toda vez que la formación morada ha marcado su paso diferente con Sumar tras votar en contra del decreto que debía convalidar la reforma del subsidio por desempleo.

Todo indica que el PSOE, Junts y ERC registrarán enmiendas conjuntas pero fuentes de los de Puigdemont inciden en que están valorando aún “todas las opciones”.

Lo que sí parece seguro es que tanto el PP como Vox registrarán iniciativas encaminadas a restituir el delito de sedición o a endurecer el Código Penal frente a la “deslealtad constitucional”, castigando a los partidos políticos o a las personas jurídicas que proclamen la independencia o convoquen referéndum ilegales, tal como señalaron en sus dos enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas por la mayoría del Congreso.

Por su parte, UPN -en contra de la amnistía- señaló a Efe que no presentarán enmiendas parciales porque no quieren participar del trámite de esta iniciativa: “Para no dar legitimidad a un texto que consideramos inconstitucional e ilegal”. El trámite continuará a partir de este martes cuando finalice el plazo de registro y la comisión de Justicia tenga que convocar la reunión de ponencia, que podría celebrarse durante la semana del 22 de enero, apuntan fuentes socialistas. La ponencia debe negociar todas las enmiendas registradas e integrar en el texto de la ley aquellas que reciban apoyo mayoritario.

Las iniciativas que no se introduzcan deberán debatirse y votarse públicamente en otra sesión de comisión antes de pasar a debatirse en el pleno de la Cámara Baja.

El Ejecutivo tiene en mente que la ley de amnistía sea aprobada por el pleno del Congreso la semana del 6 de febrero, cuando está previsto que el hemiciclo de la Cámara Baja retome sus sesiones tras las obras.

“Tenemos nada más y nada menos que toda la Cámara alta para proponer nuestras propuestas legislativas”, avisaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada al recordar que su partido tiene mayoría en el Senado y que intentará demorar la ley de amnistía.

Y es que según el nuevo reglamento de la Cámara Alta la Mesa del Senado podrá decidir sobre la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley que llegan del Congreso, por lo que podría rechazar esta vía para frenar la ley como máximo dos meses.

Además se abre la duda de si la Mesa del Senado tiene que volver a calificar la iniciativa ya que el reglamento de esta Cámara señala que tiene que decidir sobre la admisibilidad y tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria y según Vox debería volver a calificar la proposición de ley.