La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal para intentar esclarecer las declaraciones de dos empresarios sobre la supuesta financiación irregular de actos del Partido Popular en Atarfe durante la campaña electoral en este municipio del área metropolitana de Granada. 

Fuentes del Ministerio Público han informado de que la incoación de las diligencias, abiertas este mismo viernes como una actuación de oficio, se limita de momento a trasladar a la Guardia Civil que elabore un informe sobre los hechos denunciados públicamente. 

El informe encargado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial del instituto armado deberá aclarar la veracidad de las manifestaciones de los dos empresarios y se circunscribe al municipio de Atarfe, han precisado las fuentes. 

Una vez que la Guardia Civil elabore su informe y lo remita a la Fiscalía Superior andaluza, que todavía no ha tomado ninguna decisión ni ha entrado a valorar los hechos, ésta podrá continuar las diligencias, derivar la causa o bien archivarla si lo estima oportuno. 

La apertura de las diligencias de investigación penal se produce asimismo después de que la Unidad Adscrita de Policía Judicial a la Fiscalía andaluza ya recabara en Radio Granada de la Cadena Ser las declaraciones de los empresarios que emitió esta emisora e intentara identificarlos. 

El empresario Gonzalo Aivar, pareja de una concejal popular de Atarfe expedientada por el partido, aseguró que contribuyó a financiar la última campaña electoral del PP en la localidad a cambio de futuros favores si el partido llegaba al gobierno municipal, lo que finalmente no ocurrió. 

A su testimonio se sumó el de otro empresario de Atarfe que también dijo que participó en la instalación del escenario donde se celebró un mitin de la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría -entonces portavoz del PP en el Congreso-, para establecer buenas relaciones con el grupo del Partido Popular por si ganaban las elecciones. 

Este jueves, el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, atribuyó a problemas internos en la agrupación de Atarfe la denuncia de esos empresarios, negó la existencia de financiación ilegal y anunció una querella por injurias y calumnias.