La Audiencia de Granada ha archivado la causa que se abrió contra el que fuera jefe de la Policía Local de Granada José Manuel Jiménez Avilés por posible prevaricación a raíz de que abriera expediente disciplinario contra un agente que era delegado sindical, y otros tantos efectivos del cuerpo, debido a una "especie de huelga encubierta" que se produjo el Día de la Toma y durante la cabalga de los Reyes Magos de 2013.

La querella que presentó este agente fue admitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que tras ordenar una serie de diligencias decretó el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, resolución que fue recurrida ante la Audiencia.

Los policías "simularon indisposiciones" para no trabajar el Día de la Toma y el de Reyes de 2013

En una sentencia fechada el 20 de marzo, la Sección Segunda de la Audiencia expone que la causa se produjo a consecuencia de la intervención del entonces jefe de la Policía en "dos expedientes disciplinarios de los muchos que fueron incoados contra agentes" por esta especie de "huelga encubierta" para no prestar servicio en "dos días clave para la ciudad".

La convocatoria "obtuvo respuesta de un gran número de agentes", que simularon "indisposiciones" por razones de salud para no presentarse", trastornando la organización y propiciando una "deficitaria cobertura del servicio público", todo ello en el marco de "las movilizaciones emprendidas por los sindicatos policiales como medida de presión al Ayuntamiento por no atender a sus reclamaciones laborales". Los denunciantes interpretaron esta acción como "una represalia injustificada y gratuita a la acción sindical", que a su juicio se había personificado en ellos pese a no existir prueba de su participación en el "masivo absentismo laboral" de aquellos días.

Tras el análisis de la situación, el tribunal llega a la conclusión de que la propuesta del entonces jefe de la Policía Local no encaja en el delito de prevaricación administrativa, a tenor de lo recabado durante la instrucción del expediente y teniendo en cuenta que la conducta en cuestión constituía una "falta disciplinaria muy grave".

Paralelamente a este asunto, el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, interpuso denuncia contra los agentes que no trabajaron en esas fechas por un delito de abandono colectivo de servicio público, pero el caso fue archivado.