Las arcas municipales sufren diariamente una montaña rusa. A nadie se le escapa que las finanzas de un Ayuntamiento son complejas, pero quizás las del de Granada lo son aún más.

Con unos presupuestos prorrogados desde 2015, con un plan de ajuste que cumplir, con la obligación de pago de nóminas (capítulo I) y de deuda financiera y con los pagos a proveedores acumulándose sobre la mesa, la tarea no es fácil.

Pero a ese complicado equilibrio financiero se suman muy a menudo “sorpresas” a modo de sentencias judiciales firmes que obligan al Ayuntamiento a pagar por orden judicial. Y no suelen ser cantidades pequeñas.

Según ha explicado el concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, hasta el 15 de abril ya habían pagado 2 millones de euros por sentencias firmes “heredadas” de la gestión del Partido Popular (PP) durante el anterior gobierno.

Pero la cifra total se engordará a final de mes ya que este mes llegará otra de 2 millones de pago a Rober por sentencias dictadas contra la gestión de José Torres Hurtado que estaban pendientes y que ahora se convierten en firmes.

A eso habrá que sumar otros 3 o 4 millones que también esperan desde el área de Economía que se notifiquen antes de que acabe abril y que serán de sentencias firmes variadas, la mayoría por intereses de demora. Esto hará que el Ayuntamiento sume 8 millones en pago de sentencias sólo hasta abril.

Estas condenas condicionan, como reconoció Oliver, la disposición que tiene el Ayuntamiento para hacer frente a proyectos y otros pagos ya que se marcan prioridades y obligaciones (nóminas, deuda financiera y proveedores), respondiendo así a las críticas de la oposición del recorte en servicios o retraso en el Periodo Medio de Pago a Proveedores, algo motivado por esa priorización de pago.

Y no han sido las únicas condenas a pago que asume el Ayuntamiento. El año pasado también se tuvo que hacer frente a la condena al Ayuntamiento por varios pleitos contra la gestión y se abonaron hasta 2018 otros 8 millones de euros.

Esto sin contar, por ejemplo, el acuerdo que hizo el actual equipo de Gobierno con la promotora Vargas e Hijos para pagar de forma escalonada los 16,4 millones de euros que tiene que abonarle por una sentencia firme que llegó en 2018 y que se remonta a 1998. La sentencia del Caso Penta obliga al Consistorio a pagarle a la constructora 16,4 millones de euros, para lo que se negoció un calendario de pagos.

El municipio tiene que afrontar 5,6 millones de euros en pagos inmediatos que se harán mediante abono en especie (dos parcelas para VPO en La Chana y el piso del Centro Artístico en el Isabel la Católica), y otros casi dos mediante un cheque y un pago que asumirá Adif, que ya se ha aprobado en Junta de Gobierno Local. El resto de la cuenta a pagar será de 10.784.031 euros durante los próximos 9 ejercicios.