El segundo día del juicio por el caso Serrallo ha arrancado con la ratificación de que el Ayuntamiento de Granada se mantiene como acusación particular, después de que el tribunal diera ayer un plazo de 24 horas al Consistorio para aclarar si su personación en la causa fue probada en el pleno municipal. Lo más llamativo ha sido que la documentación relativa al pleno municipal que pedían los magistrados no ha sido aportada por la abogada municipal, sino por el letrado de Vox, presente en el juicio por ser acusación popular, que ha sido el que ha hablado en su nombre en la vista pública.  

El gobierno socialista de Francisco Cuenca no tramitó correctamente la personación en la causa como acusación particular al no someterlo a la aprobación del pleno con votación específica, como la propia fiscal ha admitido al ser consultada sobre la legalidad de mantener o no al Ayuntamiento en la causa. Pero el tribunal ha decidido que por primar el interés público, y dado que se había dado cuenta al pleno (pero sin votación), convenía mantener esta personación y la correspondiente reclamación económica de 2 millones de euros. De este modo el proceso se mantiene con el Ayuntamiento como única acusación particular al haber pasado el resto de acusaciones a la acción popular por decisión de los magistrados el primer día. 

No obstante, antes de anunciar su decisión, el presidente de la Sala, José María Sánchez Jiménez, ha lanzado a la abogada del Ayuntamiento una pregunta muy sorprendente desde su posición. Le ha consultado sobre algún posible cambio en la posición del municipio y sus peticiones contra los acusados. “Teniendo en cuenta que en el Ayuntamiento gobiernan ahora tres partidos y uno de ellos es el PP, ¿mantiene su petición?", ha preguntado el magistrado en clara alusión al cariz político de los acusados, que gobernaron como concejales del Partido Popular.

Con cara de desconcierto, la abogada municipal, María de los Llanos Jiménez-Casquet, que se ha hecho cargo de la causa recientemente, tras la destitución del anterior jefe de la asesoría jurídica por parte de este gobierno bipartito, ha contestado que en este momento no tiene “instrucciones diferentes” de lo que ya aparecía en el escrito de acusación que hizo el Ayuntamiento bajo el mandato del socialista Francisco Cuenca.