El exalcalde de Granada José Torres Hurtado se ha declarado ajeno a cualquier decisión sobre la gestión urbanística de la ciudad durante sus 13 años de gobierno. "Tenía plena confianza en mis concejales delgados", ha dicho al tribunal nada más iniciar su declaración, la primera de los 17 acusados que está prevista en el arranque del juicio del caso Serrallo, en el que se mantiene como investigado después de que el tribunal rechazara la petición de nulidad planteada por su abogado, Pablo Luna.

El que fue primer edil desde 2003 hasta su detención policial en 2016 por el caso Nazarí, ha contestado solo a las preguntas de su abogado y se ha reservado el derecho a no responder a la Fiscalía o a cualquier otra parte acusadora o defensora. Sí se ha prestado a ser interpelado por el tribunal, pero los magistrados no han hecho pregunta alguna.

En su declaración, ha marcado distancias respecto a la gestión urbanística al explicar que la concejal Isabel Nieto, también acusada en este caso, "llevaba todo el peso de su área". "En ningún momento asumí competencias y menos en urbanismo que no entiendo nada", ha manifestado el que fuera alcalde.

Torres Hurtado sí que ha reconocido que hacía un seguimiento de las obras municipales y que vigilaba con sus visitas el cumplimento de los plazos para garantizar que se cumplían las peticiones de la sociedad civil. El "tinglado municipal", como lo ha definido. Si bien, de las partes más técnicas del área de urbanismo "no entiendo, ni por formación profesional, ni por nada", ha manifestado ante el tribunal. En cambio, sí que ha resaltado la formación universitaria de Isabel Nieto, motivó por el que él asegura que estaba "muy tranquilo" sobre su labor.

Respecto al empresario acusado en este caso, Roberto García Arrabal, Torres Hurtado ha explicado que su relación fue limitada. "Yo con don Roberto he estado tres veces", una en una visita de obras que él hacía y en dos reuniones en Alcaldía solicitadas por el promotor con mucha "insistencia". Precisamente en una de estas citas, le expuso un problema de "UAS" (Unidades de Aprovechamiento Urbanístico) y el ex alcalde asegura que lo dejó en manos de su concejal de Urbanismo.

Respecto a la otra visita, Torres Hurtado ha relatado un encuentro que aparece en el sumario judicial del caso Nazarí, por los correos privados de Nieto y García Arrabal. Se trataba de una reunión en la que el empresario le proponía hacer un edificio de 20 plantas en la zona del Fórum. "Me sorprendió porque estábamos en plena crisis y lo vi chocante y agresivo, así que le pedí que lo vieran en Urbanismo", ha declarado al respecto. Torres Hurtado ha recordado que García Arrabal le pedía una presentación conjunta del proyecto a la sociedad, algo a lo que el ex alcalde asegura que se negó "en rotundo".

Respecto de la obra de la discoteca del Serrallo, que es el objeto de este juicio, Torres Hurtado ha negado tener conocimiento de modificaciones en el proyecto. También ha sido preguntado por su abogado sobre su relación con el testigo de cargo principal de este caso, Jacobo De la Rosa, de quien el ex alcalde ha asegurado que era "un funcionario más del Ayuntamiento" y que nunca le expuso directamente ningún problema del área de Urbanismo.

Sobre las decisiones que se tomaron y votaron en Junta de Gobierno, el acusado ha asegurado que se sometían a votación los expedientes que llevaba cada concejal con la supervisión de la secretaría municipal y que él exigía que "el expediente tenía que venir completo y con todos los informes favorables". Además, Torres Hurtado ha recordado que hay alcaldes que ni siquiera acuden a presidir las Juntas de Gobierno, ni los plenos. Y que los expedientes se exponían varios días antes para ser consultados. 

El antiguo primer edil también ha asegurado que su trato con Isabel Nieto y con su antecesor, Luis Gerardo García-Royo (citado como testigo en este juicio), fue el mismo, sin diferencias. "Tenía plena confianza en ellos" porque "estaban muy preparados para llevar sus responsabilidades", ha indicado, tras lo que además ha negado haber tenido jamás cualquier sospecha sobre su proceder que le instara a retirarles la delegación de funciones.