La incorporación progresiva de personas con discapacidad al mercado laboral es un hito que se está logrando en los últimos años. De hecho, el año 2018 ha sido de récord en Granada, con un total de 1.462 contratos que suponen un crecimiento anual del 12% y del 112% en comparación con hace diez años.

Estas cifras facilitadas por la Fundación Adecco ponen de manifiesto que poco a poco se va rompiendo una brecha necesaria como es la de la inclusión social de personas con discapacidad a través de su acceso a un puesto de trabajo.

No obstante, hay un matiz importante que denota que todavía queda mucho camino por recorrer y es que este colectivo tiene poca presencia en empresas ordinarias y la mayoría de los empleos que se generan se producen en un ámbito protegido.

Los datos en frío son bastante positivos y se enmarcan dentro del avance de los contratos a personas con discapacidad que empezó a darse a partir del año 2012.

Sin embargo, el análisis pormenorizado de esos trabajos que ayudan a igualar socialmente a este colectivo es complejo, pues el 65% de los 1.412 contratos generados en Granada durante 2018 correspondieron a lugares de trabajo del ámbito protegido o lo que es lo mismo a centros especiales de empleo.

Se trata de entornos de formación en los que siete de cada diez trabajadores tienen discapacidad (como mínimo) y que las instituciones diseñados especialmente para personas con dificultades para acceder al mercado ordinario de trabajo.

De esta manera, de los 1.412 contratos 947 han correspondido a centros especiales de trabajo mientras que solamente 515 han sido en empresas, el 35%. La proporción hace una década era mucho más equilibrada y, de hecho, había más discapacitados trabajando en empleos ordinarios que en centros de empleo creados para tal fin.

Así, el peso de los centros de empleo ha pasado del 44% al 65% en diez años, mientras que en la empresa ordinaria, la proporción ha descendido del 56% al 35%.

Todo esto, pesar de que la ley concibe la modalidad de los centros de empleo como una pasarela de los trabajadores hacia la empresa ordinaria.

Pero el efecto ha sido el contrario y la legislación en esta materia se está convirtiendo en un fin en lugar de un medio para que personas con discapacidad puedan dar el salto a otro tipo de actividades.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, "el reto es establecer, en los centros especiales de empleo, indicadores cuantificables de tránsito hacia el empleo ordinario, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que, en lugar de constituir una excepcionalidad temporal, se perpetúen como una opción permanente, que choque con el cumplimiento legal".

No es el único obstáculo que está encontrando actualmente el colectivo de personas con discapacidad. También hay que sumar a sus barreras que las estrategias de inclusión son, según los expertos, deficitarias y tienen un planteamiento inadecuado.

"Hay personas con discapacidad que, a menudo, plantean su búsqueda de trabajo una vez cumplen 18 años, sin haber adquirido previamente habilidades prelaborales que es necesario trabajar desde edades temprana", asegura el director general de la Fundación Adecco.

Al mismo tiempo, otra crítica respecto a los discapacitados y el mercado laboral tiene que ver con las cuotas: "Son el pilar para neutralizar las tendencias negativas del mercado, es fundamental que pierdan su matiz coercitivo para convertirse en ventaja competitiva", apunta Mesonero.