El 'caso Visogsa' está saliendo de los tribunales para convertirse en toda una lucha política entre partidos con la que criticar la herencia recibida del PP en la Diputación, a su vez que los populares ven una "persecución" a sus máximo dirigente provincial, Sebastián Pérez. El actual equipo de gobierno de la institución provincial anunció ayer que mirará "con lupa" todos los expedientes que gestionó su empresas pública de vivienda durante el anterior mandato del PP después que la Fiscalía y un juez instructor analicen cinco posibles contratos irregulares cuando Sebastián Pérez, presidía esta administración.

Así lo anunció el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Pedro Fernández, quien afirmó que los representantes de la institución están "consternados" por las presuntas contrataciones irregulares realizadas por Visogsa en el anterior mandato del PP. El portavoz socialista hizo referencia a la documentación remitida por la Cámara de Cuentas de Andalucía a la Fiscalía Superior andaluza tras haber detectado diversos "indicios de responsabilidad penal" relacionados con la contratación de un trabajador apartado mediante despido disciplinario, requisito que expresamente prohibía la convocatoria de la plaza.

Fernández hizo alusión a la investigación judicial en fase de instrucción por la contratación por parte de Visogsa y también irregular de otros cuatro trabajadores en la etapa del gobierno del PP, y recordó que el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, presidía en ese momento la Diputación y la empresa pública. Además, recordó que la Cámara de Cuentas aprobó por "unanimidad" en el pleno parlamentario, con los votos también del PP, remitir estos indicios a la Fiscalía, y exigió explicaciones a Pérez y al actual portavoz de los populares en la Diputación, José Antonio Robles.