Granada

García-Royo declara en el juicio del Serrallo que hablaba de obras con el alcalde de Granada pero sin detalles

  • Un perito urbanístico de las defensas esgrime la legalidad de la discoteca en los terrenos destinados a parque infantil

La primera sesión del juicio por el caso Serrallo, en imágenes La primera sesión del juicio por el caso Serrallo, en imágenes

La primera sesión del juicio por el caso Serrallo, en imágenes / Carlos Gil

El primer concejal de Urbanismo que tuvo José Torres Hurtado en sus años de gobierno en Granada, Luis Gerardo García-Royo, ha hecho hoy una declaración en el juicio del caso Serrallo que ha contribuido más a la tesis de la defensa del exalcalde que a la de aquellas acusaciones que lo habían citado como testigo. Al repasar aquella etapa (entre 2003 y 2007), el exedil asegura que informaba al regidor de las obras previstas en la ciudad, aunque no "minuciosamente". 

García-Royo, que ya está jubilado y además llegó a pedir permiso para no declarar por enfermedad (aunque al final ha tenido que acudir a la sala de vistas), ha destacado hoy su relación de "gran confianza" con Torres Hurtado, con el que asegura que paseaba "todas las tardes" para conocer los barrios. Pero no cree que tuviera toda la información de los expedientes porque cree que ni él mismo la tenía en muchos casos. 

El testigo ha saludado de forma cariñosa al exalcalde en la sala de vistas, pese a que fueron conocidas sus desavenencias en la recta final del primer mandato de Torres Hurtado. García-Royo, que era el hombre fuerte de aquel gobierno, quedó fuera de las listas electorales de 2007, con declaraciones públicas y privadas bastante elocuentes sobre su malestar. 

La declaración de este antiguo concejal del PP tenía especial interés, sobre todo desde que los investigadores policiales del caso Nazarí encontraron un documento que él le envió a su sucesora en el cargo, Isabel Nieto (acusada en este caso), para advertirle de las prácticas supuestamente irregulares de algunos de los funcionarios de Urbanismo que ahora se sientan en el banquillo de los acusados por presunto trato de favor al empresario de la discoteca del Serrallo. En la misiva, el ahora testigo alertaba a la nueva concejal de Urbanismo de las maniobras irregulares en Urbanismo para beneficiar a "los amigos de Manolo" -el exgerente de Urbanismo-.

Pero esa línea del interrogatorio, alusiva al documento, que inició la fiscal del caso en el juicio ha sido frenada en seco por el magistrado que preside el tribunal. El testigo se ha resistido a hablar del contenido porque considera que es una carta "estrictamente personal" y el juez ha impedido las preguntas a la representante del ministerio Público, Sara Muñoz-Cobo, que ha dejado constancia de su "manifiesta protesta" por este motivo. 

No obstante, preguntado por las discrepancias que mantuvo con algunos de los cargos técnicos de Urbanismo, especialmente Manuel Lorente, el exconcejal las ha admitido y ha añadido que tenía enfrentamientos "con todos" sus colaboradores. 

En la declaración que este mismo testigo, García-Royo hizo en el juzgado de instrucción tras la detención de Torres Hurtado por el caso Nazarí, éste planteó a la jueza unos recuerdos notablemente distintos a los que ha sacado hoy a la luz. Dijo que despachaba con él "prácticamente a diario" los temas de Urbanismo y sostiene que estaba al tanto de todos los asuntos importantes.

Pero esa "relación fluida" que describía en aquella declaración fue cambiando con el tiempo. "Luego se me fue apartando y se fueron tomando decisiones al margen mío. Al señor Lorente se le llamaba para despachar con el alcalde y yo me enteraba por mi secretaria", contó en junio de 2016 el exconcejal en sede judicial. La instructora le llegó a preguntar si el alcalde y el entonces gerente de Urbanismo le "puenteaban" y el testigo dijo: "Totalmente". Esta situación, aseguró, "fue a más" cada día: "Fui ninguneado hasta el extremo que me planteé dimitir, pero no quería escándalos a pocos meses de las elecciones".

Respecto al proyecto del Serrallo, García-Royo se ha remitido a los orígenes, cuando se puso en marcha el proyecto del parque infantil con columpios con el objetivo de frenar el botellón junto al centro comercial, que rea un asunto que preocupaba al empresario. Sobre el desarrollo posterior y la construcción de la discoteca, el testigo ha explicado que desconoce los detalles porque ya no estaba al frente de Urbanismo. 

A lo largo de la sesión del juicio celebrada hoy han declarado otros testigos vinculados al Ayuntamiento (una funcionaria designada para un cargo de Urbanismo y el que fue interventor delegado en la Gerencia). En ambos casos, la declaración se ha centrado en la legalidad y correcta tramitación o no de las cartas de pago que justificarían los ingresos que tenía que hacer el empresario del Serrallo en el Ayuntamiento.

El testigo policial de la UDEF declaró un día antes que esos ingresos no estaban debidamente acreditados y que habían aparecido unas fotocopias de cartas de pago sin el original y sin firmar, por lo que no se consideraban válidas.

El magistrado ponente ha llegado a preguntar hoy a la funcionaria que prestaba declaración: "¿Por qué confiaba en las fotocopias de las cartas de pago? ¿Se podían haber falsificado? ¿Comprobó que ese dinero entró en caja?" La empleada municipal se ha mostrado desconcertada y ha admitido que "todo se puede falsificar", que ella no podía controlar el ingreso efectivo en la contabilidad, pero que en aquel momento todo le pareció "normal". 

El viceinterventor del Ayuntamiento de Granada, que el día antes fue citado por el agente de la UDEF como uno de los testigos que les ayudó a elaborar su informe, ha querido "matizar" ciertos aspectos de aquella declaración policial porque considera que hay cosas de las que no está seguro por su desconocimiento de la legalidad urbanística. 

Otro testimonio importante ha sido el del arquitecto Francisco Peña, que ha ratificado un informe pericial aportado por las defensas. A su juicio, la construcción de una discoteca en el sistema general de espacios libres junto al Serrallo es una actuación con cobertura legal porque estaría permitido dentro de los usos que establece el Plan General de Ordenación Urbana de Granada. 

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