El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana en Madrid el anteproyecto de ley mediante el cual se fundará la futura Agencia Estatal de Salud Pública, otro de los organismos de nueva creación del Gobierno encaminados a descentralizar la administración del Estado en las regiones. Pues bien, la ministra de Sanidad Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial no ha aclarado dónde se situará la nueva agencia y tan solo se ha limitado a expresar que la sede "se determinará cuando se inicie el proceso", esquivando así confirmar si habrá concurso abierto para aspirar a la nueva oficina. Granada es una de las candidatas, no oficiales como todas ellas, a competir por acoger la AESAP, y de no abrirse un proceso de selección será otro jarro de agua fría sobre la provincia después del fallido intento de convertirse en la sede de la Agencia Nacional para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

Esta ambigüedad del Gobierno a la hora de confirmar si la Agencia Estatal de Salud Pública saldrá o no de Madrid o si habrá concurso público para exportar la sede fuera de la administración central tiene mucho que ver con la polémica suscitada, tanto por la adjudicación de la sede de la AESIA como de la Agencia Espacial Española, ambas concedidas a A Coruña y Sevilla con mucha controversia, sobre todo en Granada, quien ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno de enviarla a la ciudad gallega.

De momento no hay candidatas formales a acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, aunque Granada siempre está en el trasfondo de esta nueva oficina, ya que la capital es sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública, uno de los centros más prestigiosos de España en esta materia. Una vez se falló en contra de la ciudad para la AESIA, en círculos políticos se hablaba de poder aspirar, como contraprestación, a la AESAP. Sin embargo, la voz de otras regiones que se han quedado sin las dos primeras agencias está sonando fuerte, sobre todo Aragón, que aspiraba con Zaragoza y Teruel a la AESIA y a la AEE, respectivamente. Esto le da un plus de ventaja sobre Granada y Andalucía, que ya fue agraciada con la Espacial para Sevilla. Otras regiones que han mostrado interés en la Agencia de Salud Pública son Murcia, Valencia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, además de Galicia.

La Agencia Estatal de Salud Pública es un mandato legal que databa del año 2011, si bien en el anteproyecto se fijan "más funciones" que evidencian la "determinación del Gobierno" para generar estructuras organizativas que sean "operativas, ágiles, autónomas y eficaces" que puedan ayudar a hacer frente a los "nuevos riesgos y amenazas de salud" que puedan surgir, en palabras de la ministra Darias.

En este sentido, la titular de Sanidad ha destacado que la creación de esta agencia ha sido solicitada por los profesionales sanitarios, los partidos políticos, los ciudadanos y que, además, estaba contemplada en el Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el mes de diciembre de 2021.

"La experiencia vivida con la pandemia del coronavirus y las consecuencias que ha tenido ha hecho que la creación de esta agencia sea una prioridad para el Gobierno y una necesidad del país para abordar situaciones de salud pública que requieren de anticipación, de una respuesta rápida y de una coordinación entre todas las autoridades sanitarias y las personas que tienen que ver con la vigilancia en salud pública", ha argumentado la ministra de Sanidad.

En concreto, los objetivos principales de la agencia, que dependerá del Ministerio de Sanidad, serán vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, sus determinantes y los problemas o amenazas que en materia de salud pública puedan surgir, prestando "especial atención" a las desigualdades sociales en la salud.

La agencia va a ser la encargada de aportar información a la sociedad sobre temas de salud que sean de interés, coordinar la preparación y respuesta de las crisis sanitarias que pueda haber, así como reforzar la coordinación con todos los equipos de vigilancia de las comunidades autónomas.

Ahora bien, para poder llevar a cabo estas funciones, tal y como ha explicado la ministra de Sanidad, en el anteproyecto de ley se establece la obligatoriedad de suministrar datos a la agencia por parte de las administraciones y entidades para que pueda evaluar los posibles riesgos.

El Gobierno ha solicitado la tramitación por la vía de urgencia del anteproyecto para contar "cuanto antes" con la Agencia Estatal de Salud Pública. "Nos va a permitir avanzar en una respuesta rápida y eficaz ante futuros riesgos para la salud", ha zanjado la ministra.