Jornada de movilización en la enseñanza granadina. Sindicatos, colectivos y familias llaman hoy al paro educativo para protestar contra el decreto educativo aprobado el pasado 17 de febrero en Consejo de Gobierno de la Junta y que ya rige el proceso de escolarización que se desarrolla desde el pasado 1 de marzo. El motivo, explican los convocantes, está los “efectos nocivos” que esta norma “tendrá para la comunidad, al acentuar la privatización de la enseñanza, fomentando un sistema educativo más segregador y menos inclusivo”, indica la Confederación de AMPAS, Codapa.

La jornada de paro contará con una manifestación que en Granada partirá desde la plaza del Humilladero, en la Fuente de las Granadas, a las doce de la mañana y concluirá en la Delegación Territorial de Educación. Entre los convocantes está CSIF, ANPE, CCOO, UGT, SAT, USE, Ustea o CGT, además de Fampa Alhambra, Granada Laica o Por Primaria y colectivos estudiantiles. También ha mostrado su apoyo el PSOE y Adelante Andalucía. Hay convocada una concentración a las 11.00 en plaza del Carmen y otra a las 18.00 horas frente a la Delegación.

Para los convocantes, el motivo está en el artículo 9. Se establece que en aquellos municipios donde existan centros públicos y concertados, todas las zonas de escolarización deberán ofrecer la opción de elegir entre las dos redes. Esto ha llevado a la modificación de las zonas de escolarización de Baza y Motril en el último consejo escolar provincial, donde también se trató la modificación del mapa en Santa Fe, Almuñécar y Guadix. En Granada, ya se da esta circunstancia que prevé el decreto en todas las zonas. Para colectivos como la Asociación de Directores (Adián) esto supone que “se está apostando desde la Consejería de Educación y Deporte por la enseñanza concertada, de forma que para esta es mucho más fácil tener listas de espera abultadas, al ampliarse el número de personas que tienen acceso a la máxima puntuación”.

Por su parte, la delegada de Educación, Deporte, Conciliación, Políticas Sociales e Igualdad, Ana Berrocal, indicó a este periódico que “el ajuste de las zonas” ha sido para ofrecer a las familias la posibilidad de “optar a un centro concertado”, una vez “oído” a los consejos escolares de los municipios. “El decreto conlleva un mínimo reajuste en las zonas de influencia, ya está. No conlleva nada más”, insistió la delegada sobre las motivaciones expuestas para ir a la huelga. Además, indicó que la convivencia entre pública y concertada existe “desde hace 40 años”.

“Si nos ponemos a leer los dos decretos de escolarización” anteriores –de 2007 y 2011– “también contemplaban que esas zonas debían tener un centro privado”, recordó Berrocal, que insistió en que la normativa “era una demanda social”. “Me he encontrado con familias que llegaban y me decían tengo a un hijo en un centro y al segundo en otro centro, también docentes que decían que no tenían ninguna preferencia” para que sus hijos se matricularan en el centro en el que trabajaban”. Berrocal añadió que se han retocado las puntuaciones para dar respuesta a estas “demandas” y que el nuevo decreto “no lleva aparejado nada más” . Desde la Delegación provincial se indicó en una nota que la que se subrayaba que el texto “no beneficia a la concertada”.

Los sindicatos, por su parte, mantienen las críticas a la norma. CSIF insistió en las mismas en la presentación de la campaña para instar a los padres a marticular a sus hijos en la escuela pública. Esta campaña, indica el sindicato “cobra especial relevancia en esta ocasión debido a la modificación del decreto que regula este proceso, que va en detrimento de la enseñanza pública”.

“Este decreto es un torpedo a la línea de flotación de la escuela pública, que propicia el camino de su progresivo hundimiento bajo la excusa de la libertad de elección”, indica el manifiesto firmado por Ustea, CGT, Fampa Alhambra, SAT, USE, Granada Laica y Por Primaria.

La Federación provincial de asociaciones de madres y padres del alumnado de Granada incidió por su parte en “los efectos negativos del decreto de escolarización “, entre los que está el “desmantelamiento del modelo de escuela rural”. Fampa Alhambra también recordó que “el 95% de las familias andaluzas puede escolarizar a sus hijos en el centro que desea, lo que evidencia que se trata de una medida “puramente ideológica”.

Están llamados a la secundar la jornada de huelga los estudiantes a partir de tercero de Secundaria (antes es responsabilidad de las familias llevar o no a sus hijos a los centros educativos), los docentes de la pública (unos 11.000 en la provincia de Granada) y personal de administración y servicios. En cualquier caso, la Administración debe garantizar la prestación de servicios mínimos en los centros.Esta movilización coincide con el inicio del proceso de escolarización, que estará abierto hasta el próximo 31 de marzo. Es, además, la segunda movilización desde enero, cuando la comunidad educativa de 52 colegios en los que se impartía el primer ciclo de ESO se movilizaron contra la decisión de suprimir la Secundaria en estos centros (los denominados Semi-D). Aquella manifestación precedió el cese “por motivos personales” del anterior delegado de Educación en Granada, Antonio Jesús Castillo.