La Asociación In Género, organización comprometida con la defensa de los derechos de mujeres en situaciones de prostitución y trata, ha demandado una mayor asignación de recursos para atender a este colectivo, en el que ocho de cada diez personas son migrantes. Además, ha expresado su descontento por las modificaciones normativas que, a su parecer, vuelven a estas mujeres más vulnerables e invisibles.

Miguel Ángel del Olmo, coordinador nacional de In Género, ha presentado este martes en Granada los resultados de un informe sobre prostitución y trata de mujeres en Granada, Jaén y Córdoba. Estos datos fueron recopilados por la asociación a través de sus experiencias de intervención directa en lugares de prostitución en estas tres provincias andaluzas.

La entidad, con experiencia en atención social, sanitaria, jurídica, laboral y psicológica a este colectivo, ha insistido en la importancia de presentar los datos de exclusión y la vulneración de derechos que sufren las posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual para poder restituirlas.

Según In Género, durante el año 2023 se atendió en estas tres provincias andaluzas a 1.310 personas en situación de prostitución, de las cuales 1.133 eran mujeres cis, 124 mujeres transexuales, 52 hombres cis y 1 hombre trans.

La entidad ha intervenido directamente en 155 espacios repartidos en las tres provincias, una mayoría -116- eran lugares privados y otros 35 clubes, actuaciones en las que han recogido 1.157 demandas de tipo social, sanitario y jurídico de personas que ejercen la prostitución.

Este trabajo ha permitido detectar que casi el 87 % de las personas en situación de prostitución o víctimas de trata con fines sexuales son de origen migrante, con especial peso de personas procedentes de Colombia, Paraguay, República Dominicana, Rumanía, Brasil y Venezuela.

El 72 % de las personas atendidas están empadronadas, más de la mitad están en clubes de alterne y su media de edad es de 33 años.

Además, In Género atendió en 2023 en Andalucía a diez personas víctimas de trata, de las cuales ocho interpusieron denuncia.

Del Olmo ha denunciado que las personas atendidas presentan una mayor vulnerabilidad que en años anteriores y lo ha vinculado a las nuevas políticas sociales y a la incorporación de la ley del Solo sí es sí.

Según el coordinador nacional de In Género, el articulado sobre la publicidad de la prostitución da mayor poder a los intermediarios e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución.

La trabajadora social de In Género en Andalucía, Jemi Sánchez, ha insistido en la clandestinidad a la que se ven abocadas en los últimos años y ha lamentado un aumento de la inseguridad a la hora de acceder a los sistemas públicos.

"Desde In Género solo podemos exigir que se legisle con ellas, promoviendo su participación y pensando en ellas, y en la situación de actividad clandestina en la que están quedando", ha resumido.