Más allá de la condena o absolución de los acusados del caso Serrallo (el juicio por supuesta corrupción contra el exalcalde de Granada José Torres Hurtado, parte de su gobierno, técnicos y el empresario García Arrabal), la sentencia del tribunal de la Audiencia Provincial tendrá que abordar el posible pago de las costas del juicio. Las defensas piden que se repercutan estos gastos sobre el Ayuntamiento de Granada, el partido político Vox, el denunciante particular y el empresario Tomás Olivo, que ejercen la acusación en este proceso. 

Los ocho exconcejales de Granada que pocos días antes de finalizar el juicio pudieron abandonar el banquillo de los acusados por la retirada de los cargos, ya avanzaron su petición para que las acusaciones populares que los han llevado hasta allí paguen las costas (la Fiscalía y el Ayuntamiento no los acusaban) y se hagan cargo de las minutas de sus abogados. 

En los alegatos finales de los abogados del resto de acusados que aún se enfrentan a importantes penas de prisión, éstos no solo reclaman la libre absolución, sino que han hecho constar también la reclamación de las costas a las acusaciones; y no solo a las populares (Vox, la empresa de Olivo o el funcionario denunciante), también incluyen a la acusación particular del Ayuntamiento de Granada. 

Uno de los abogados, Ernesto Osuna, que representa a cuatro de los principales acusados, y es seguido en la misma línea por el exalcalde y la exconcejal Isabel Nieto, explica su petición por la supuesta "mala fe" de las acusaciones, que a su juicio han "llevado a error a la instructora de la causa (la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz y al Ministerio Fiscal)". 

"La temeridad no solo consistió en acusar infundadamente a los concejales y retirar la acusación, también lo ha sido por la distorsión" que ha supuesto esa "interpretación torcida y consciente de las normas de planeamiento, de la LOUA y del expediente de la concesión, de la liquidación de un sistema de compensación, o de pedir unos perjuicios que sabían inexistentes", exponía el letrado en sus conclusiones finales.

Esos supuestos perjuicios económicos son importantes porque en el auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza de instrucción se establecieron unas fianzas muy altas, de 2 millones de euros, que tenían que afrontar todos los acusados de forma solidaria. A juicio de las defensas fueron "embargos desproporcionados", pero se utilizaron pruebas de forma "torticera". 

Las partes acusadoras, salvo la Fiscalía (que las defensas presentan como la víctima de un error), habrían buscando un "rédito político y mediático, y unos deseos de venganza que resultan en una instrumentalización de la justicia al servicio de intereses espúreos". 

Para los acusados éste ha sido un "juicio mediático" para crear un "caldo de cultivo propicio a la acusación", pero que en realidad ya ha conseguido el supuesto objetivo perseguido por algunas de las acusaciones populares, que sería el "daño reputacional, personal, político y profesional" de los acusados, además de la "ruina" del empresario García Arrabal.