“Mordidas” y supuestas comisiones secretas de Enrique Pina cuando era presidente del Granada CF, convertidas después en acciones del Cádiz Club de Fútbol. Una de las acusaciones particulares del caso Líbero, que investiga la Audiencia Nacional, acaba de pedir la práctica de nuevas diligencias para corroborar las posibles prácticas delictivas relacionadas con el lavado de dinero, que según los datos policiales se llevaron a cabo en la operación de venta del jugador Yacine Brahimi.

En los primeros informes policiales que aparecen en el sumario del caso que instruye el juez José de la Mata, se hacía referencia a las posibles irregularidades en el traspaso al Oporto de este deportista que en 2014 era la estrella del Granada CF. La operación, que públicamente se hizo por 6,5 millones de euros, habría costado en realidad 10 millones de euros. La diferencia de dinero, según la versión de un denunciante, habría ido al bolsillo de varios comisionistas, entre los que estaban el propio presidente del Granada, Pina, y el hijo del máximo mandatario del club portugués. Al primero se le atribuye un millón de euros y al segundo, 1,5 millones.

La acusación particular de este caso, representada por una empresa que es accionista minoritaria del Cádiz CF (Sinergy), acaba de enviar un escrito al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional en el que denuncia una presunta “operación circular de evasión fiscal y blanqueo de capitales” que se habría producido para 'lavar' el dinero de la supuesta comisión secreta de Pina en la venta de Brahimi. El letrado pide al juez que corrobore esta teoría, que podría servir para esclarecer otras operaciones similares.

Como conclusión de la compleja trama de comisiones, préstamos privados y compra de acciones que desbroza esta acusación, el escrito remitido al juez expone que “se habrían desviado ingresos que le correspondían al Granada CF para que acabaran convirtiéndose en acciones privadas del Cádiz CF a nombre del Sr. Pina y su entorno de confianza y la sociedad que controla con su hermana”.

Los datos e informes policiales (incluidos los relativos a las escuchas telefónicas a Enrique Pina) habrían puesto de relieve una serie de operaciones que el letrado de Sinergy pone en relación ahora para denunciar esa supuesta trama de blanqueo. El procedimiento empleado habría sido así:

El Granada CF vende al Oporto los derechos del juzgador Yacine Brahimi en 2014. “Lejos de resultar beneficiario” de toda la operación el club español, “se pacta una mordida o comisión irregular” para el propio presidente, Enrique Pina, y otras personas (que elevan la operación de 6,5 a 10 millones de euros). El dinero lo pondría, como préstamo al club portugués, la empresa Doyen Sport Investments (a través de su filial Vela Management Limited), cuyo representante también habría recibido otro millón de comisión.

Pero, según se desprende de las denuncias, esa sociedad no habría abonado la comisión directamente a Pina, con su correspondiente factura ni su tributación fiscal, sino que el dinero, próximo al millón de euros, se habría quedado pendiente como una deuda entre la mercantil de Malta y el entonces presidente del Granada CF.

En las escuchas telefónicas analizadas por la Policía, Pina hacía referencia en varias conversaciones a un dinero que le adeudaba el representante de esa empresa y a las dificultades para buscar la forma de cobrarlo. Esta parte acusadora aporta ahora una explicación de cómo pudo Pina cobrar al final esa deuda y transformarla en acciones del Cádiz CF:

Doyen habría prestado alrededor de un millón de euros (la operación consta en las actuaciones y fue difundida  por football leaks) a Locos por el Balón SL, una sociedad a través de la que el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y Quique Pina controlaban este club, aunque el segundo de forma encubierta mientras era presidente del Granada CF. Este préstamo fue reconocido por los implicados después de la filtración.

En las actuaciones judiciales hay constancia de otro documento (lo refleja uno de los informes policiales) por el que Enrique Pina adquiere en escritura pública, a nombre de la mercantil Calambur Intermediaciones SL, el crédito que tenía Doyen Sport frente a la sociedad Locos por el balón SL. De esta forma, el entonces presidente del Granada CF se hacía con los derechos de cobro de esa cantidad. La sospecha es que esta nueva operación sólo fue una “compensación” encubierta que permitió a la firma de Malta pagar el millón que le debía al expresidente del Granada CF por la comisión de Brahimi.

Llegados a este punto, Locos por el balón SL debe a Pina ese millón de euros. Pero el circuito económico se complica aún más. Esa misma mercantil, Locos por el balón, habría realizado operaciones de préstamo o financieras a favor del Cádiz CF por valor de más de 800.000 euros, un dato que consta en las cuentas anuales del club. No hay constancia de que todas estas operaciones de crédito se hayan documentado mediante escrituras públicas ni tributado por ellas, lo que llama la atención de la acusación por la extrañeza de que se presten tan altas cantidades de dinero sin cobertura legal suficiente frente a un posible impago. En realidad, esta parte sospecha que no había ningún interés por devolver esas cantidades y que sólo era una forma de ir transfiriendo el dinero que tenía que cobrar Pina, de una sociedad hasta otra, hasta llegar al Cádiz CF.

La operación final que habría servido para el “blanqueo” del dinero sería, según la misma versión, la conversión del crédito otorgado por Locos por el balón al Cádiz CF en acciones del club, de modo que la deuda quedaba extinguida. Dado que Pina había quedado como el beneficiario del préstamo a esa sociedad, él sería el que controlara las nuevas acciones del Cádiz, y todo ello a cuenta de aquella comisión por Brahimi de la que parten todos los préstamos y deudas de unas empresas a otras.

“Al final de todo el proceso, Enrique Pina ha cobrado el dinero que no declaró por la comisión irregular de la mordida por la intermediación de Yacine Brahimi, ya blanqueado y reinvertido en el Cádiz CF”, explica al juez el letrado de la acusación particular, José Enrique Rodríguez Zarza.

Todo este relato de hechos supuestos sirve para avalar la petición al juez De la Mata para que ordene nuevas diligencias de investigación “respecto a la contabilidad, facturas y operaciones” en las que están involucrados Pina, Vizcaíno, otros posibles testaferros y las empresas Locos por el balón SL, ADGB Sport, Quique Sport, Doyen Sport, Vela Management, Calambur Intermediaciones. La idea es averiguar si hay “más indicios o pruebas de otras operaciones (como la de Brahimi) que impliquen el fraude fiscal y el blanqueo de capitales utilizando idénticos circuitos o formas de operar”.

También pide esta parte que el juez cite a declarar como investigadas a algunas de las personas y mercantiles que habrían participado en esta compleja operación, y que asegure el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios a la Agencia Tributaria y a los posibles perjudicados.