El documento inicial del Nuevo Mapa de Concesiones de Transporte Regular de autobuses propuesto por el Gobierno de España, que aún debe ser sometido a debate, y donde se suprimen paradas y rutas de carácter nacional en cerca de una decena de municipios granadinos, ha levantado la preocupación entre los vecinos y representantes políticos. Así, el secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado que su partido presentará mociones en los ayuntamientos afectados, además de a la Diputación de Granada, para instar al Ejecutivo central a retirar el actual documento elaborado por el Ministerio de Transportes que reduce, e incluso elimina en algunos casos, servicios con otras comunidades y que fomentan su "aislamiento".

Para Jorge Saavedra, "estamos ante un nuevo hachazo que no hace más que alentar la despoblación de nuestro territorio", y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya "a continuar quitándole a los vecinos de estos pueblos de Granada más servicios, en este caso de transporte público, alentando la despoblación". El dirigente popular ha pedido que se abra un proceso de debate sobre un nuevo mapa concesional donde se expongan las líneas claras de actuación que el Gobierno pretende desarrollar, buscando garantizar y mejorar el servicio de transporte por autobús en Granada y en todo el territorio nacional.

Este debate está abierto, tal y como informó en este diario la propia secretaria general de Transportes, María José Rallo, hace una semanas. Así explicó que este documento, al tratarse de un primer borrador, está sujeto a negociación y desde el Gobierno aclaran que algunas, sobre todo las que pasan por cabeceras de comarca (como por ejemplo Baza), podrían mantenerse, pasando los pueblos más pequeños a tener 'lanzaderas' hacia núcleos de población más grandes, pero con servicios prestados por la autonomía. Tampoco implica que se dejen de prestar estos servicios, si no que cambian de titularidad, y tendrán que ser garantizados por las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía. Tampoco implicaría que todas las paradas propuestas se eliminen.

En concreto, los municipios afectados son Guadix, Baza, Cúllar, Granada, Huéscar, Puebla de Don Fadrique, Loja, Huétor Santillán y Diezma como consecuencia de la eliminación de las líneas VAC-025 (desde Sevilla hasta Murcia), la VAC-216 (desde El Ejido hasta Madrid) y la VAC-239 (entre Jaén y Benidorm), según el nuevo mapa concesional de servicios estatales de autobús, que, de aprobarse, dejaría a Granada sin las conexiones directas con Barcelona, Tarragona y Castellón; 3 líneas de autobús que conectan localidades del norte de la provincia y dejando a 5 municipios sin ninguna parada de autobús con rutas que les conectaban con otras comunidades (Puebla de Don Fadrique, Castril, Huétor Santillán, Huéscar y Diezma).

El dirigente popular ha puesto el acento en el silencio que hasta ahora guardan los socialistas granadinos que "mientras llaman a políticas para evitar la despoblación con grandes anuncios que tan solo buscan el titular y la foto, callan cuando su propio partido desde el Gobierno elimina de un plumazo los servicios, en este caso de transporte público, de estos municipios".

Saavedra contrapone este modelo que "no apuesta por políticas de movilidad pública y sostenible, con el impulsado por Juanma Moreno enfocado en la vertebración del territorio dando pasos de gigante. Mientras nuestra consejera Marifrán Carazo ha impulsado la ampliación del metropolitano, las VAUS para mejorar la conexión de Granada con su área metropolitana o ha puesto en servicio el intercambiador Sur; nos encontramos con un Gobierno central que sigue sin aumentar las conexiones que venimos reclamándole; sin comprometerse con el ferrocarril; guardando silencio en torno a la línea Granada-Motril; dejándonos a la cola con el Corredor Mediterráneo y ahora eliminando estas líneas de autobús".

Por todo ello, el secretario de los populares granadinos considera fundamental retirar este Mapa Concesional y que el Gobierno escuche las aportaciones que pueda realizar la comunidad, la propia Diputación y, en primera instancia, los ayuntamientos afectados por esta "sinrazón que pone de manifiesto que estamos ante un Gobierno que está alejado de las necesidades y la realidad de Granada"