La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha denunciado la situación “deprimente” que sufre el personal de limpieza de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADEs) de la provincia y ha lamentado que la Junta de Andalucía se “desentienda de esa realidad mirando para otro lado”.

“Estas trabajadoras se sienten frustradas porque sus quejas no le han servido para conseguir absolutamente nada. Parece que el Gobierno de Moreno Bonilla y del PP no tiene tiempo para pensar en ellas pese a saber que están siendo denigradas por las distintas empresas adjudicatarias de sus servicios”, ha señalado.

Manzano ha lamentado que las concesionarias piensen que “pueden jugar con ellas y sus derechos, hasta el punto de no haberle abonado parte del trabajo realizado”.

“Deberían saber que son imprescindibles porque sin ellas la inspección de trabajo volvería a cerrar los CADEs, como ya sucedió en algunos centros de la provincia”, ha indicado para reprochar al Gobierno andaluz que diga que “no son trabajadoras de Andalucía Emprende, por lo que olvida la responsabilidad que tiene de hacer de árbitro y vigilar que se cumplan los contratos”.

La socialista, que ha apuntado que la pasada semana elevó este asunto al Parlamento andaluz y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación lejos de dar certidumbre, no dijo la verdad y tampoco se comprometió con ellas, ha vuelto a mantener un encuentro con trabajadoras afectadas como el caso de Ángeles que se incorporó a sus tareas el pasado 5 de diciembre después de estar sin trabajar siete meses a la espera de que la Junta reanudara el servicio de limpieza por la adjudicación del mismo a las nuevas empresas concesionarias.

“No le han abonado nada de los atrasos que le incluyen los meses trabajados sin cobrar y que corresponden a los meses de mayo y junio y tampoco de julio a diciembre que están sin cobrar, sin que ella tuviera ninguna responsabilidad de aquello que pasó”, ha explicado.

Manzano ha incidido en que esta trabajadora “limpia las mismas instalaciones con los mismos metros cuadrados, pero ahora con una reducción de su jornada de 42 minutos al día, lo que implica una reducción de salario y que afecta a su situación personal. De su salario reducido ha tenido que destinar parte a poner una demanda a la nueva empresa por modificación sustancial de su contrato”.

“Habrá muchas más porque la situación es extrapolable ya que el Gobierno andaluz le ha quitado 33 horas y media al servicio de limpieza en el conjunto de CADEs de la provincia cada semana. Es decir, mismo trabajo, menor salario”, ha apostillado.

Así, ha insistido en que la Junta “está obligada a actuar en el marco que incluye la subrogación de estas trabajadoras a las que no se le pueden mermar sus derechos o sus condiciones de trabajo. El Gobierno andaluz del PP debería trabajar bajo el criterio de buena administración porque aún está a tiempo de demostrar que sabe lo que es eso”.