Dos poblaciones de Granada, entre los municipios andaluces con más contaminación por nitratos en el agua de consumo
Medioambiente
Las dos poblaciones aparecen en un informe realizado por Ecologistas en Acción junto al de otros 213 núcleos urbanos de toda España
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Granada/Las poblaciones de Píñar, en los Montes Orientales, y Lojilla, pedanía de Montefrío, en el Poniente de Granada, tienen un problema con sus aguas. Según el informe titulado La contaminación por nitratros y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano editado por Ecologistas en Acción y que hace referencia al periodo 2020-22, estos dos núcleos urbanos granadinos figuran entre los diez de Andalucía señalados como los que tienen aguas afectadas por niveles altos altos de contaminación debido a valores elevados de nitratos, un compuesto químico ligado a explotaciones agrícolas y ganaderas.
De las dos poblaciones de Granada que aparecen en el informe, la contaminación de las aguas es más llamativa en Píñar, localidad que tiene algo más de 800 habitantes y cuya red de distribución de agua es municipal, que registra en los análisis realizados el valor cuantificado de nitrato más alto en 96 miligramos por litro, mientras que el más bajo es de 71 mg/l. Hay que tener en cuenta que el valor valor límite máximo para el consumo humano que permiten las legislaciones europea y española es de 50 mg/l de nitratos en el agua. El dato máximo registrado en Piñar supone que es el tercero de la lista de los diez municipios afectados en toda la comunidad autónoma andaluza.
Por su parte, los datos de Lojilla son inferiores y está en la lista de los municipios señalados por muy poco. Según el informe de Ecologistas en Acción basado en el análisis de agua tanto de superficie como subterráneas realizados por distintos Ministerios, entre ellos el de Sanidad, en la pedanía de Montefrío los valores varían entre 51,8 mg/l, el más alto, y 50, el más bajo. Lojilla, que tiene una población censada de 45 personas y cuya red de distribución de agua la gestiona Acciona, se sitúa en la penúltima posición de este particular ránking en el ámbito andaluz.
En Andalucía, el dudoso honor de encabezar el listado le cabe a la población de El Poleo, una pedanía de la localidad de Priego de Córdoba, que llegó a registrar 488 mg/l, si bien los registros siguientes están en 57 y 55,9. A continuación está la localidad de Humilladero, en la provincia de Málaga, con un valor máximo de 129,6 mg/l. El hipotético 'podio’ andaluz lo completa, como ya se ha escrito, Píñar.
Por provincias, las que cuentan con más núcleos urbanos señalados, con dos, están Almería, Córdoba y Granada, mientras que las de Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla sólo tienen una población en la lista. La que sale limpia en el informe es la provincia de Huelva.
Un problema que afecta a 200.000 personas de 171 municipios en España
En concreto, la contaminación difusa producida por nitratos procedentes de la agricultura intensiva de regadío y las macrogranjas afecta al agua disponible para el consumo de más de 200.000 personas de 215 núcleos urbanos pertenecientes a un total de 171 municipios españoles, con especial gravedad en lo que se denomina la España vaciada. Castilla y León (61), Valencia (44) y Aragón (25) son las comunidades autónomas con más alertas. En el otro lado de la balanza están Galicia, Madrid y La Rioja, con sólo un caso. No figuran por no tener registrado ningún caso Asturias, Cantabria, Murcia y Navarra, ausentes en el análisis realizado en el informe de Ecologistas en Acción (EeA), que recoge datos del periodo 2020-2022, en el que se detalla que ese último año un 37% de las aguas subterráneas y un 11% de las superficies superaron los límites permitidos de este contaminante de 50 mg/l.
En el informe publicado se detalla, además, que el valor límite máximo de 50 mg/l de nitratos en el agua de consumo humano permitido por la legislación europea y española, no es lo suficientemente precautorio y debiera de reducirse para proteger la salud humana de manera más eficaz, haciendo responsables económicos a los causantes de la contaminación, de acuerdo con el principio de quien contamina paga. Una legislación europea, que como tantas otras "autóctonas", son difíciles de llevar a la práctica.
Graves efectos en la salud
El coordinador del Área del Agua de Ecologistas en Acción, Koldo Hernández, encargado de presentar este estudio, insistió en que las poblaciones afectadas pertenecen en su mayoría a zonas rurales, las cuales "están perdiendo muchos derechos, incluyendo el de un agua potable de calidad". "Resulta inadmisible" que se permita el porcentaje de nitratos, dada su implicación en el desarrollo de cánceres y siendo el límite permitido para los ecosistemas fluviales la mitad que el permitido para el agua de boca, indicó en rueda de prensa. Dolor de cabeza, mareos, cansancio, vómitos, aceleración del latido cardíaco, pérdida de coordinación muscular y coloración azul de la piel son algunos efectos adversos del consumo prolongado de agua con exceso de nitratos, que también "está asociado a malformaciones congénitas" y se deben a la metahemoglobinemia, una forma de hemoglobina que no puede transportar oxígeno y puede impedir su llegada a los tejidos, según recoge Efe.
Para Hernández, en realidad "los datos deberían ser más escandalosos" ya que "un 40 % del territorio no se analiza" y el 60 % restante sólo una vez anualmente, "lo que no quiere decir que el resto del año no pueda superar la cantidad permitida". "El agua pública de calidad es un derecho" que la administraciones públicas deben asegurar, ha recordado, ya que "el agua embotellada, que en muchas ocasiones también sale de abastecimientos públicos, no es la solución".
La organización ecologista ha exigido la reducción del uso de abonos nitrogenados, al menos el 20 %, de acuerdo con la conocida 'Estrategia de la granja a la mesa' de la UE, y el freno a la expansión de la ganadería intensiva tanto a nivel nacional como autonómico."Contaminar sale gratis y vivir de una forma saludable cuesta dinero", ha resumido Hernández, quien ha instado a las instituciones públicas a poner una solución a este problema que incluya el pago de sobrecostes de la potabilización del agua por parte de los responsables económicos causantes de la contaminación.
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