La intervención en Santa Adela para la reforma de esta barriada del Zaidín no quedará sólo como una actuación histórica en la ciudad en cuanto a la regeneración habitacional y social de la zona, sino también en los registros nacionales de ejemplo de intervención urbanística.

Y es que el proyecto ha sido seleccionado por el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en su informe Fórmulas innovadoras de gestión y financiación en actuaciones de regeneración de barrios, publicado el 15 de diciembre por la Universidad Politécnica de Madrid en virtud del convenio entre el Ministerio de Fomento y el Instituto Juan de Herrera.

Santa Adela ha sido seleccionada por más de 500 expertos superando un filtro de 73 actuaciones en diferentes lugares del país. Así, ha quedado finalista entre las 8 mejores actuaciones en regeneración y renovación urbana junto a Ciudad de Los Ángeles (Madrid), San Cristóbal (Burgos), Torrelago (Laguna del Duero), Coronación (Vitoria-Gasteiz), Lourdes RENOVE (Tudela), Santa Coloma de Gramanet y La Chantrea-Proyecto Efidistrict (Pamplona). El Sacromonte también tuvo alguna mención para entrar en el listado pero finalmente no superó el corte de los finalistas.

El informe destaca que “las políticas de intervención a través de la renovación, regeneración o rehabilitación urbana en las diferentes actuaciones se conforman como una herramienta clave en la lucha contra la exclusión de estos espacios durante y tras el proceso”. Y su éxito ha sido no estar considerada como una intervención aislada.

Y eso se destaca de Santa Adela. El informe recoge todos los datos urbanísticos del barrio, situado en el distrito Zaidín-Vergeles, para lo que han contado con colaboración de técnicos municipales y de la Oficina Técnica de Rehabilitación de Santa Adela y la Asociación Vecinal Plataforma de Santa Adela.

La actuación consiste en una reforma urbanística total de un área que comprende casi 1.500 viviendas, que fueron construidas a finales de los años 50 para los damnificados del terremoto de Granada de 1956.

“Lo que inicialmente era un barrio periférico en la actualidad se ha convertido en uno de los barrios más poblados de la ciudad”, por lo que “uno de los objetivos fundamentales ha sido mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio, propiciando el mantenimiento de la población residente, la integración social y la revitalización socioeconómica de la zona”, destaca el informe.

Para ello se ha planificado una intervención integral, de carácter público, que combina 5 áreas donde se plantea la demolición y construcción de nuevos edificios y zonas verdes, así como otras 2 áreas de rehabilitación de los edificios existentes (Jarama y Cataluña). En total, 7 fases, todo ello acompañado de un proceso socioeducativo mediante la participación de la población.

El informe recoge que la reivindicación histórica de los vecinos y colectivos del barrio del Zaidín a través de una intervención pública de la zona de Santa Adela, se llevó a cabo mediante la delimitación en el Plan general de Ordenación Urbana de Granada. La actuación de carácter público estaba prevista en el PGOU del año 2001 –unas 70 hectáreas de suelo urbano consolidado y uso residencial– y se impulsó en octubre de 2003 mediante el encargo de los documentos técnicos que permitieran la ejecución del Plan Especial y delimitando el Área de Tanteo y Retracto, con el fin de lograr una intervención municipal y evitar la especulación.

La primera fase comenzó en el año 2004 y concluyó en 2007 con la entrega de las nuevas viviendas a los vecinos. La segunda fase fue puesta en marcha en el año 2006 y tras las demoliciones y las obras de urbanización y edificación terminó en 2010. En 2008 se inició la tercera fase y comenzarán consecutivamente las fases cuarta y quinta. Las áreas de rehabilitación comenzaron a ejecutarse en 2006. Este verano se entregarán las nuevas viviendas del último edificio.

Según destaca el informe, la apertura de una oficina de rehabilitación situada en el mismo barrio “ha sido esencial para la gestión del proceso y, principalmente, para la información y ayuda a los vecinos, que en muchas ocasiones pertenecen a un perfil de población vulnerable, con edad avanzada, alta tasa de paro, bajo nivel de estudios”.

En las intervenciones seleccionadas a nivel nacional, en general las rehabilitaciones se han realizado con los vecinos residiendo en los propios edificios. Excepto en el caso de Santa Adela, donde las actuaciones de renovación (que conllevaron demoliciones totales de edificios) obligaron al realojo de la población.

En Santa Adela destaca también su envergadura, dado el amplio parque privado de viviendas intervenido (1.473 existentes y 1.698 previstas) donde, además, fue necesario en muchas ocasiones contemplar las condiciones individuales de cada una de ellas. También fue importante la definición previa de los criterios que definen qué vecinos tendrán derecho a una vivienda nueva y quienes no, ya que el sistema de actuación es el de expropiación.

Como uno de los objetivos fue el mantenimiento de la población en el barrio, fue necesario crear un “parque de viviendas de alquiler, cercano al ámbito, para el realojo de los vecinos durante el desarrollo de las obras de demolición de las viviendas existentes y ejecución de las nuevas viviendas”. El programa implicó costear las mudanzas y realojos de los vecinos, ofreciendo tres posibilidades: alojamiento en una vivienda alquilada cerca del barrio de Santa Adela, gestionada por la Oficina técnica; Cuantía económica para los propietarios, de tal forma que ellos gestionan la mudanza y el realojo; o Vivir con familiares durante la actuación, acogiéndose al programa de ayudas para el realojo.

También se destaca la financiación. Las dos primeras fases se nutrieron de unos recursos económicos clásicos de reinversión de lo obtenido en otras actuaciones. La tercera fase sí se ha beneficiado de diferentes vías de financiación: Plan Estatal, fondos EDUSI, etc (aunque la expropiación la paga el Ayuntamiento porque no es un concepto financiable)

En todos los casos, y a los efectos de evitar la “gratuidad”, los propietarios han aportado económicamente al plan, en la medida de sus economías y baremando cada situación familiar. Una cantidad que ha oscilado entre 600 y 6.000 euros por propietario en las 2 primeras fases y hasta 7.000 en la tercera, en función de sus circunstancias socioeconómicas. El resto de costes los ha asumido el Ayuntamiento de Granada, recoge el informe.