La última memoria de gestión de la Universidad de Granada, presentada el pasado mes de diciembre, indica que durante el pasado año “se han interpuesto 60 nuevas demandas judiciales, contra la actuación administrativa de la UGR, de las cuales 26 corresponden al ámbito social, 28 a la jurisdicción contencioso administrativa y 6 del ámbito civil y penal”. En la actualidad se encuentran en curso 154 expedientes judiciales abiertos de todos los órdenes jurisdiccionales.

En el mismo documento se indica además se se realizan gestiones administrativas correspondientes a 21 expedientes disciplinarios e informaciones reservadas "que afectan a todos los colectivos de la comunidad universitaria: estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente e investigador".

En la presentación de la Comisión de Ética de la UGR, en relación a casos conocidos el pasado curso y pendientes de resolución tras abrirse sus correspondientes expedientes, la rectora de la UGR, Pilar Aranda, indicó con respecto al caso del supuesto acoso a una alumna en Ciencias de la Educación que se ha abierto expediente informativo para determinar qué ocurrió tras la denuncia hecha pública por redes sociales de una alumna. La Fiscalía archivó porque era la afectada la que debía presentar la denuncia, algo que nunca llegó a ocurrir.

En cuanto al docente condenado por espiar el ordenador de una alumna, la rectora indicó que se está a la espera de que la sentencia "sea definitiva" y se traslade la condena a la Universidad, tras lo que ésta "procederá". El docente fue condenado a dos años de cárcel.

En cuanto al caso de artículos científicos retractados en la Facultad de Odontología, Aranda señaló que los trabajos del expediente sancionador se encuentran "muy avanzados". Por último, en cuanto a la docente sancionada con ocho meses de empleo y sueldo por acoso laboral, ésta está en suspenso ya que se ha presentado recurso a la sanción determinada tras finalizar el expediente sancionador.