La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada va a imponer penas de entre tres meses y dos años de prisión tras el acuerdo de conformidad al que se han acogido 36 procesados de un caso juzgado este lunes en el edificio judicial de Caleta por la gestión de altas y bajas irregulares de trabajadores y en el que la Fiscalía pedía ocho de años de cárcel y multas por un valor de hasta 209.900 euros para el principal acusado.

Se trata del abogado que desde su despacho en la capital tramitaba estas altas y bajas, quien ha aceptado dos años de prisión y multa de 3.600 euros, mientras que 34 trabajadores recibirán penas de entre tres y diez meses de cárcel, con sanciones de entre más de 300 y alrededor de 500 euros, han informado fuentes del caso consultadas por Europa Press.

Uno de los trabajadores acusado no se ha acogido al acuerdo de conformidad por lo que el juicio continuará para él, que será condenado previsiblemente a dos años de prisión y alrededor de 300 euros de multa, y otro está en busca y captura, han detallado las mismas fuentes.

Según constaba en el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, en la causa se han juzgado supuestos delitos de falsedad y fraude de prestaciones tramitadas por el letrado que era titular de una autorización para operar en el sistema Red de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la modalidad de abogados, habiéndose encargado de la gestión de 16 negocios con sedes en municipios como los de Granada, Maracena, Ogíjares o Almuñécar.

Los ciudadanos extranjeros acusados en esta misma causa "facilitaron" a este procesado principal "sus datos de identidad, firmando en ocasiones el contrato mendaz o en otras ocasiones" autorizándole "para que lo rubricara a su nombre si bien conscientes de que" era "falso", detallaba el ministerio público.

El fiscal consideraba en este sentido que "se concertaron para, con ánimo de obtener un ilícito beneficio y empleando el contrato falso y las altas generadas", poder "defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal", más allá de para "reunir los requisitos legales para obtener la correspondiente autorización administrativa de residencia y trabajo".

En otras ocasiones, "pero con la misma mecánica", precisaba el ministerio público, el procesado principal se habría puesto de acuerdo con ciudadanos españoles que habrían pretendido "acceder ilegalmente a prestaciones económicas a las que no tenían derecho", por desempleo fundamentalmente, a consta del erario público.