Granada es la provincia andaluza donde la epidemia del coronavirus ha dejado un tasa de defunciones más elevada en relación a su población. Sus 287 muertos registrados hasta ahora a causa de esta enfermedad han tenido un foco muy localizado y claro: las residencias de ancianos. Casi la mitad de todos esos fallecidos (un 45%) son personas que estaban atendidas en instituciones para personas mayores o con necesidades especiales.  

La cifras que publica la Junta de Andalucía, administración que durante esta crisis sanitaria se ha encargado de establecer un sistema de "seguimiento, prevención y apoyo de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales", revelan que en Granada ha habido desde marzo 123 muertes de personas en residencias de mayores y 5 usuarios de otras instituciones similares a causa del Covid-19. En total, 128 defunciones de las 287 que se han producido en la provincia estos meses. 

Todos los casos de muertes en residencias de mayores se han producido dentro de los distritos sanitarios de Granada capital (40) y el Metropolitano (83). Ni en la zona Sur (Costa y Alpujarra) ni en la del Nordeste de la provincia se han registrado fallecimientos de ancianos instalados en residencias. Sí se han dado dos muertes en otras instituciones de la zona de Guadix. 

Con estas cifras, Granada registra el 22% de todas las muertes de mayores en residencias que se han dado en toda Andalucía. Sólo es superada por Sevilla, que ha sufrido el 25% de estos fallecimientos. Ambas son las provincias más afectadas en todas las estadísticas relacionadas con defunciones de personas mayores. 

En Sevilla, como en otras provincias andaluzas, la Fiscalía ha llevado a cabo una intensa labor de seguimiento en determinadas residencias, con diligencias informativas. Granada ha sido la única zona de la Comunidad al margen de ese trabajo, según las últimas informaciones llegadas desde la Fiscalía Superior de Andalucía. 

En cuanto al papel de la Junta de Andalucía, desde los primeros días de la crisis, ha ido informando de las actuaciones llevadas a cabo en los centros para mayores y su máximo responsable de Salud, el consejero Jesús Aguirre, ha dado cuenta de la gestión.

En un informe especial sobre las actuaciones en centros residenciales y atención a domicilio de los pacientes con coronavirus, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 3 de junio, la Junta hace hincapié en que desde el principio de la crisis se creó una "Red de trabajo autonómica de enfermeras gestoras de casos" (EGC). Esa profesional se encarga de coordinar el control y seguimiento de la atención no hospitalaria con otras provincias y las enfermeras de familia de los diferentes distritos en los que está cada residencia.  

El informe insiste en el "seguimiento proactivo telefónico y presencial" para "monitorizar y detectar situaciones de alerta" en las casas o en las residencias de mayores. Explica Salud que ha habido "equipos de refuerzo" con médicos y enfermeras de familias para atender a estas personas no hospitalizadas. 

En los casos de mayor complejidad o que "por sus condiciones clínicas" requerían atención médica presencial, se desplazaron equipos médicos de los centros de salud, de urgencias y de los hospitales para poner en marcha tratamientos como la medicación parenteral o la oxigenoterapia en estos pacientes de las residencias de mayores.

Esta "medicalización de las residencias" para dotarlas de medios materiales y humanos sin que los pacientes fueran trasladados a los hospitales, se comenzó a hacer en Granada una vez avanzada la epidemia y cuando se constató que la situación era especialmente preocupantes en algunos centros del área metropolitana y  la capital: Oasis, Domus V en El Serrallo, Ballesol, Virgen de la Paz (Santa Fe) y Santiago Carrillo (Maracena).

A diferencia de otras provincias andaluzas como Sevilla, donde se habilitaron edificios o espacios especiales para "evacuar" a residentes que no pudieran ser aislados o atendidos en sus centros, en Granada la Junta no llegó a informar de ninguna acción similar, por lo que todas las actuaciones se llevaron a cabo en las propias residencias. 

La otra línea de acción de Salud en la lucha contra la epidemia ha sido la realización de test rápidos, que tardaron en llegar, pero que a fecha del informe publicado el 3 de junio sumaban 23.800 enviados a la provincia de Granada. En una de sus últimas comparecencias, el consejero de Salud anunció una nueva tanda de test a los usuarios y trabajadores de las residencias de Andalucía. 

Los portavoces de las empresas gestoras de residencias en Granada hicieron todo tipo de llamamientos de ayuda durante los días más duros de la crisis. Reclamaban material de protección, ayuda sanitaria y, sobre todo, que se hicieran pruebas a los residentes y trabajadores. Hubo un caso en la zona sanitaria de Baza que tuvo que mandar un burofax a la Consejería para reclamar ese apoyo porque explicaban que su situación era desesperada. También eran constantes las declaraciones de familiares alarmados por la falta de información sobre sus mayores y por las escasas medidas de apoyo que tenían. 

El internista del Hospital Virgen de las Nieves Manuel Menduiña, en una entrevista reciente a este periódico hacía un claro balance de lo ocurrido en las residencias de Granada: "No sé de quién es la responsabilidad. Ahí ha sido catastrófico. Ahora algunas se han medicalizado y hay compañeros que van día a día a las residencias. Estas medidas debieron tomarse desde el primer momento, se llegó tarde". Esta crisis cogió a todo el mundo fuera de juego pero las peores consecuencias de esos primeros momentos de escasez de todo las sufrieron los más mayores.