Los expertos evalúan las distintas áreas de intervención en Santa Adela, dejando aspectos de mejora. En cuanto al marco urbano y territorial, no incluye la integración de sistemas de movilidad urbana ni equipamientos supramunicipales, así como “tampoco implementa redes ecológicas ni una infraestructura específica de servicios urbanos”.

Debido al estado original de los edificios, la operación no lleva ligada un estudio del patrimonio o identidad urbana. “El proyecto no contempla acciones vinculadas al metabolismo urbano, con planes que contemplen el consumo, gestión y producción de recursos y residuos”, dice el documento.

En cuanto al diseño urbano y medio ambiente local, la intervención contempla “una importante mejora del espacio público, que afecta de manera positiva y directa al a escena urbana, a su legibilidad y a la seguridad”. Las operaciones realizadas eliminan principalmente espacios residuales derivados de un diseño urbano anterior obsoleto pero no contemplan operaciones ligadas a la mejora de la eficiencia energética de instalaciones a escala urbana ni de sistemas de gestión de los recursos. Del mismo modo, no contempla una gestión comunitaria de los espacios y recursos.

Sobre el área de edificación, el informe constata que al tratarse de una intervención de renovación, las nuevas edificaciones cumplen los requisitos del CTE. “El esquema arquitectónico (los materiales, sistemas constructivos, seguridad edificatoria, requisitos de habitabilidad…) son satisfactorios. La calificación energética de los edificios podría mejorar, aunque el último ejecutado alcanza una calificación óptima”.

El área socioeconómica también está evaluada. Así, destaca que “el barrio cuenta con una red social e institucional sólida, con recursos y con un gran bagaje, que hace posible un trabajo continuo y relacionado entre todos los agentes”. Por contra, no se contempla una mejora en el desarrollo económico de la zona. “La estructura social se mantiene gracias al sistema de realojos llevado a cabo, pero no permite una variación del perfil económico hacia modelos más heterogéneos, que tendrán lugar una vez haya terminado la primera fase de realojo de la población original residente”. Mediante esta intervención han conseguido superficies de vivienda más adecuadas a los estándares actuales, lo que mejora la estructura residencial y la convivencia.

El sistema planteado en el acta de expropiación ha permitido disminuir, hasta casi hacer desaparecer, los problemas de ocupación y viviendas vacías existentes en el ámbito.

Así, la evaluación integral de las áreas destaca que “aunque la intervención mejora los espacios exteriores existentes, se centra principalmente en la edificación y en el fomento de la participación a nivel local, por lo que no contempla la relación con el resto de la ciudad”.

A nivel social, “aunque permite la continuación y consolidación de las redes participativas, por ahora no incluye una mejora de la red económica y mayor diversidad de perfiles en la estructura socio-demográfica”. Contempla una clara mejora de la habitabilidad y el comportamiento energético de la edificación, así como la mejora cualitativa de los espacios públicos en los que se ha intervenido. “Aunque se echa de menos la incorporación de estrategias bioclimáticas en las viviendas (sobre todo pasivas) y la inclusión de redes urbanas ligadas a la gestión de los recursos”, asegura el informe del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana.