El problema de los cortes de luz en la zona Norte de Granada sigue sin que haya una solución a corto plazo. Las autoridades públicas de Granada trabajan cada mes mientras los Cuerpos de Seguridad actúan para que los enganches ilegales cesen. Pero pasan los meses y todo sigue igual. Endesa, la empresa suministradora de energía, lo achaca a los cultivos de droga, pero desde el Gobierno este lunes han asegurado que esto no es así.

Según la Subdelegada del Gobierno de España en Granada, Inmaculada López Calahorro, solo el 4,8% de los enganches ilegales a la red eléctrica en la zona Norte de Granada se realizan para montar un cultivo de marihuana. De las 539 viviendas que no tenían contrato y estaban conectadas a la luz en las que intervino la Policía Nacional en los primeros seis meses de 2023, en 29 había plantaciones de cannabis.

Este lunes todas las instituciones públicas de Granada -Subdelegación de Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento- se han reunido en la Comisión Interadministrativa de seguimiento de los cortes de luz junto a representantes de Endesa para seguir tratando esta problemática que viene de lejos y que no parece tener una solución a corto plazo.

Además, esta convocatoria llega después de que la semana pasada el Parlamento Europeo respondiera a la petición de amparo realizada por el Defensor de la Ciudadanía de Granada pidiendo a todas las administraciones que adopten las medidas necesarias "urgentemente" para acabar de una vez con esta emergencia social y humanitaria.

La intención está ahí, y se trabaja por ello. Mensualmente, hay técnicos de todas las instituciones que abordan este problema "porque queremos que los ciudadanos de nuestra ciudad tengan una buena calidad de vida. Y para ello la luz es fundamental", ha asegurado la Subdelegación. Pero la intención no lo es todo.

Desde la Subdelegación este lunes han remarcado su esfuerzo por la lucha contra el fraude eléctrico y los cortes de luz, recordando el incremento "material y de recursos humanos" que este 2023 se ha dado para combatir este problema, y que ha supuesto un 50% más de actuaciones respecto al mismo periodo de 2022. 

"El que menos del 5% de las viviendas que defraudan sean por marihuana es muy relevante, porque deja claro que no hay que identificar al distrito Norte con plantaciones de marihuana. Ni a las personas que allí viven. Y este año con esa presión mayor se constata con datos policiales. Es fundamental la colaboración en esta lucha por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Granada. Y por parte de la Subdelegación trabajamos y damos los datos para que se vea", ha asegurado.

Sobre la carta del Parlamento Europeo, López Calahorro ha recordado que la puesta en marcha de esa mesa técnica es importante para abordar la colaboración, y que desde Subdelegación "estamos ejerciendo nuestras competencias sin dudas y tratando de contribuir de la mejor manera".

"Esta mano tendida a las otras instituciones ha estado desde el primer momento con esa mesa técnica, donde se deben dar las aportaciones y las sugerencias, o saber lo que las otras instituciones hacen, y así abordar de la mejor manera esto", ha declarado.

La Junta de Andalucía pide contundencia

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, ha asegurado que la institución autonómica llegaba a la reunión "con nuestra mano tendida" para resolver una problemática "que no es solo la zona Norte. Es globalizada en toda la provincia, en Andalucía, en Murcia, en Madrid... es un problema global que tiene España con la defraudación".

"No es la primera vez que lo digo, hay que abordar las actuaciones de forma contundente y global. Nosotros traemos nuestros deberes hechos, tenemos nuestra comisión de seguimiento junto con las suministradoras, seguimos el plan de modernización de transformadores, pero nos damos cuenta de que no es efectivo", ha remarcado.

Por ello, la solución a corto plazo que plantea la Junta pasa por el endurecimiento del tipo penal para que cuando se defraude electricidad para cultivo de estupefacientes se actúe con más dureza, que el Poder Judicial sea más ágil a la hora de tratar las autorizaciones para los registros y enjuiciar a los defraudadores, y ha pedido la creación de un cuerpo especializado destinado exclusivamente a combatir el fraude eléctrico.

"Inspección se está haciendo, colaboración con todas las administraciones se está haciendo, y si no hay una actuación contundente por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no se cambia el Código Penal, dentro de tres meses volveremos a hablar de lo mismo. Ya sea en invierno, en verano o en periodos electorales, que no haya bajada de atención y colaboración. No es problema de la Junta de Andalucía, esto es un problema global que se tiene que abordar por parte de la cámara que tiene el poder, el Legislativo, modificando el Código Penal. Y luego el papel que con los efectivos que hay están actuando", ha remarcado Granados.

Como ejemplo, el delegado de la Junta se refería al edificio conocido como el Hotel Luz de Granada, lugar en el que las actuaciones policiales son constantes para luchar contra el fraude de luz y el cultivo de marihuana. Granados cree que "habría que ser más constantes en las actuaciones y actuar permanentemente" en él, para que así se disminuyera la actividad delictiva en él.

"Desde aquí mi reconocimiento, y lo digo públicamente, por las intervenciones que se hacen. Pero habría que ser más constantes en las actuaciones y actuar permanentemente, preservando los derechos con el Poder Judicial, para actuar de forma continua y así se irán acabando esos enganches excesivos", aseguraba. 

Roce entre Gobierno y Junta

Estas últimas declaraciones de Granados, así como la insinuación de que no se realizan actuaciones a diario contra los enganches ilegales a la red eléctrica, no gustaron a López Calahorro, quien se apresuró a contestar en la misma rueda de prensa al representante de la Junta asegurando que tanto el Gobierno como Policía Nacional y Guardia Civil "se toman muy en serio" la lucha contra el fraude eléctrico.

"El Delegado siempre habla de lo que tienen que hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quiero aclarar que ahí están la Policía Nacional y la Guardia Civil atendiendo todos los requerimientos que se nos hacen. Que no quede duda de que no actuamos en una semana porque no tenemos medios. Que el Delegado se refiera a sus inspectores y sus datos, pero que no ponga en duda las inspecciones que hacen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Antes de entrar a la reunión, la Subdelegada pedía que todas las instituciones "sean generosas a la hora de poner medidas sobre la mesa, porque nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer", cerraba con contundencia su intervención López Calahorro.

Primera reunión para la alcaldesa y el nuevo presidente de la Diputación

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha acudido por primera vez a esta comisión como regidora de la ciudad "para ir entre todos en base a la planificación para resolver esta problemática del distrito Norte".

"Es verdad que se hacen esas mesas técnicas, pero el impulso político es fundamental, y me quería ofrecer a liderar y a asumir esa responsabilidad como alcaldesa dentro de nuestras competencias. Vamos a implicarnos como institución y hace falta mostrar convicción y asumir la coordinación. Es importante que estemos coordinados", ha remarcado Carazo.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, que también ha participado por primera vez desde su investidura y ha recalcado el compromiso del nuevo Gobierno provincial con los municipios afectados, que cuentan ya con una delegación propia de Atención al Alcalde para agilizar la comunicación y la respuesta, en el ámbito de sus competencias, con los Consistorios.

Rodríguez ha abogado también por la necesidad de afrontar de "manera conjunta un paquete de soluciones en un marco de colaboración institucional para poner freno a este fenómeno que se extiende ya a numerosos municipios de la provincia".

Por último, el presidente de la institución ha tendido la mano del nuevo Gobierno provincial para, desde la lealtad, colaborar en tanto sea necesario ante un problema social del que los ciudadanos afectados "esperan una respuesta urgente".