Los 'culebrones' políticos del verano en Granada son medioambientales: Avenida Cervantes y el proyecto fotovoltaico de El Fargue se enquistan en el Ayuntamiento

La época vacacional acaba y el nuevo curso político está ya a la vuelta de la esquina. Con la llegada de septiembre, Granada se prepara ya para arrancar una nueva temporada en la que habrá varios caballos de batalla importantes que resolver en las próximas semanas. A la polémica por la activación de la Zona de Bajas Emisiones, los presupuestos anuales o a la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas se sumarán este año los dos principales 'culebrones' del verano en la ciudad, y que han mantenido entretenidos a los ciudadanos en julio y agosto: la reforma de la Avenida Cervantes y el proyecto fotovoltaico de El Fargue.

Estos culebrones, casualidad o no, tienen un factor medioambiental, y se les han enquistado como una china en un zapato al equipo de Gobierno de la Plaza del Carmen. También tiene factor medioambiental la ZBE, que será el primero de los temas a tratar a falta de un mes de comenzar a emitirse las multas. Todo ello pese a la importancia que el equipo de trabajo de la alcaldesa, Marifrán Carazo, viene otorgando a este tema desde su elección en las urnas en mayo de 2023. Hay que tener en cuenta la importancia del cuidado por el medio ambiente que se está tratando de implementar desde el Consistorio, con iniciativas como grandes parques o sumideros de dióxido de carbono, así como planes para reducir la contaminación que se están llevando a cabo.

Sin embargo, estos dos proyectos han sido el arma perfecta para que la oposición, las asociaciones de vecinos y las organizaciones ecologistas, alzaran la voz durante el periodo estival y denunciaran que ambos se están desarrollando sin escucharlos y "aplicando el rodillo de la mayoría absoluta". Mucho se ha escrito y dicho sobre el tema sin que desde los despachos del equipo de Gobierno se haya salido al paso de las críticas.

Avenida Cervantes, en guerra por sus árboles

La polémica por la reforma de una de las grandes arterias de Granada capital ha estado sobrevolando durante todo el verano la actualidad informativa. El Ayuntamiento tiene claro que es necesario intervenir en la Avenida Cervantes, a la que claramente le hace falta un lavado de cara. Sin embargo, el cómo hacer esta intervención ha levantado suspicacias de vecinos y comerciantes de la zona, que denuncian que el proyecto plantea talar grandes árboles que están sanos y eliminar el carril de servicio paralelo a la vía, una de las señas de identidad de la zona.

Incluida en el gran Plan de Obras de Granada hasta 2027, la Avenida Cervantes es la principal intervención que el Ayuntamiento va a llevar a cabo en el distrito Genil, con un presupuesto base de 3,4 millones de euros. Sin embargo, el proyecto comenzó torcido cuando se conocieron los planes de esta intervención, que no gustaron a los vecinos. Estos iniciaron una campaña de recogida de firmas en contra de lo que se planteaba, pidiendo al Ayuntamiento que se les escuchara y planteara una reforma consensuada. Ya a finales de mes, el Ayuntamiento sacaba a licitación la obra "tras consensuar el proyecto definitivo con vecinos y comerciantes", aseguraron entonces.

Sin embargo, ese "consenso" parece que no gustó a todo el mundo. A los pocos días del anuncio de la licitación, comenzó a surgir un movimiento vecinal que rechazaba la tala de una veintena de árboles sanos, así como el cubrimiento de alcorques vacíos, que se podían aprovechar para plantar nuevos ejemplares. A través de iniciativas como la pega de carteles en los propios árboles que irían fuera en el proyecto, se pedía a los vecinos que revisaran el proyecto con sus propios ojos y que no compraran los discursos políticos. "No penséis que porque lo digan con una sonrisa no os toman el pelo. A mí pronto se me va a caer, intenta que no te pase lo mismo. Suerte", aseguraban las octavillas que se repartieron, que incluían códigos QR que mostraban a los vecinos como sería el proyecto.

Esto volvió a desatar las críticas contra una intervención con la que ni vecinos ni comerciantes parecen contentos, en un movimiento al que se sumaron los partidos de la oposición, pidiendo al equipo de Gobierno incluso que retirara la licitación. Durante las semanas de verano, en visitas a la Plaza del Carmen y ruedas de prensa, tanto vecinos como formaciones políticas y ecologistas han levantado la voz, y confirmaron que seguirían sus movilizaciones con el curso político ya en marcha.

Las placas solares de El Fargue y sus afecciones

Otro de los problemas heredados del verano para el nuevo curso político son los tres proyectos para la instalación de placas fotovoltaicas la zona de El Fargue. Stadium Plus I, Soto Oscuro I y San Gregorio I, desarrollados por parte de la comercial Bobery Lane Estate SL, se proyectan como una combinación de 9,75 hectáreas de instalaciones solares para generar energía que no ha gustado ni a vecinos ni a partidos políticos, y que ha sido aprovechada por cada una de las partes como arma arrojadiza durante el verano.

Este proyecto, que se lleva desarrollando desde 2020 con todas las garantías legales y las correcciones exigidas desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada según los promotores, saltaba a la primera línea de la información en primavera, cuando vecinos, ecologistas y partidos políticos comenzaron a denunciar que no era adecuado instalar en esta zona una explotación fotovoltaica como la que se plantea. Todo sin que el Ayuntamiento hablara en exceso del tema, aunque desde el equipo de Gobierno se haya asegurado que no se autorizará.

Los argumentos usados han sido varios, y todavía se mantienen. Las posibles afecciones visuales para los vecinos, su cercanía al área protegida del BIC del Valle del Darro, su proximidad a La Alhambra, el cómo se verían las placas solares desde ciertos puntos, o incluso la aparición de posibles restos arqueológicos en la zona que se corresponderían con los primeros habitantes en época romana y zirí. El PSOE incluso han saltado la barrera del Ayuntamiento y ha pedido directamente a la Junta de Andalucía que paralice el proyecto.

En el Pleno del mes de junio, los socialistas llevaron una moción en contra de esta iniciativa, instando a paralizar el proyecto. El equipo de Gobierno votó en contra, pero el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, matizó posteriormente a la prensa que su voto se debía a una "cuestión del procedimiento" pero que la decisión política es no aprobarlo. Según Saavedra, votar a favor de la moción "podría llevar a una prevaricación al concejal de Urbanismo". Estas mismas explicaciones se dieron también en el pleno de julio, antes de las vacaciones, asegurándose que por ley no pueden paralizarlo antes de que salga a exposición pública.

"Nuestro compromiso político es que votaremos que no cuando llegue a Pleno el proyecto, esa será la decisión política, votar no al proyecto", insistía Saavedra. Unas explicaciones que no frenaron la lluvia de críticas entonces, y que no han sido suficientes para que el 'culebrón' se haya ido engordando durante el verano hasta convertirse en uno de los temas troncales que se deberán tratar en este nuevo curso político.