El libro de cuentas de 2022 ya ha terminado y las páginas de 2023 ya empiezan a correr en un año que, al menos ahora, es difícil saber cómo evolucionará, aunque a juzgar por las previsiones del Banco de España, la economía nacional crecerá solo un 1,3%, cuando no hace tanto fijaba ese crecimiento en el 1,4%, por lo que se avecina un año complicado, pese a que la actividad económica está siendo mejor de lo planeado en el trimestre final de 2022.

Cómo se traducirá ese crecimiento en la provincia de Granada es aún más complicado de saber, máxime en una economía que no goza del músculo turístico y empresarial que tienen otros territorios como la vecina Málaga o Sevilla. Quizá una pista la tengan la Cámara de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), cuyos técnicos se encuentran preparando un Plan de apoyo a la empresa de Granada, según adelantó Gerardo Cuerva, presidente de ambos organismos, y que entregarán a las administraciones antes del inicio de la campaña electoral de 2023.

Este documento, del que Cuerva no dio demasiados detalles, podría ser una hoja de ruta para guiar la economía de la provincia este año, un camino por el que deberán transitar tanto las empresas como las administraciones públicas, un mensaje que recalcó el propio presidente de los empresarios junto a diversos representantes públicos hace tan solo unos días y cuyo éxito ya se ha dejado notar en proyectos que se antojan fundamentales para el futuro, como es el caso del acelerador de partículas, sobre el que han empezado a orbitar distintas alianzas que, de acuerdo Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, han recibido financiación pública para poder llevarse a cabo. 

La colaboración también ha sido fundamental, pero no de la forma esperada, en otro proyecto llamado a revitalizar la economía granadina, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). La no llegada de esta infraestructura a la provincia unió en bloque a los distintos sectores socioeconómicos ante lo que ha sido definido casi unánimemente como un injusticia y cuyos ecos seguirán resonando en el 2023, no solo en el ámbito económico y laboral, sino también en el judicial, si finalmente el Pacto por Granada decide dar el paso de impugnar la decisión del Gobierno central. 

Generar empleo, principal reto para el año 

Los últimos datos que deja 2022 apuntan hacia uno de los problemas que necesita afrontar la economía granadina durante los próximos doce meses: la creación de empleo. Con un total de 30.874, la provincia fue la tercera andaluza que menos contratos firmó en noviembre, según los datos del Ministerio de Trabajo, por delante únicamente de Almería (29.991) y Huelva (23.005) y a cierta distancia de Cádiz (32.580).

Todo ello pese a que, en lo que respecta a 2021, la provincia sí entra en el podio de creación de empresas, con 69.620 en total, de acuerdo al último Directorio de Establecimientos y Empresas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el mismo que, irónicamente, indica que estas compañías no crean el suficiente empleo para ocupar los primeros puestos del ranking, pues Granada es la tercera provincia que menos empleos creó hace ahora dos años (210.029), una cifra que solo empeora en Córdoba (201.807) y Huelva (112.600).

A falta de conocer los datos de diciembre, que probablemente noten una subida anormal debido a la  campaña navideña, la provincia cerró 2022 con 349.830 contrataciones en once meses, aunque se trata de una cifra acumulada, y probablemente muchos no sigan en sus puestos de trabajo. De hecho, las cifras de paro en la provincia, si bien están lejos de los picos de la pandemia, muestran claras subidas y bajadas coincidiendo precisamente con los grandes momentos del año desde el punto de vista económico (Navidad, verano, Semana Santa,...), algo que queda más claro aún si se tiene en cuenta que la contratación temporal es la tónica común en la provincia, según se constata en la sucesivas actualizaciones del Ministerio de Trabajo.

Trabajadores de la Pastelería Isla.

Pero la generación de empleo no es labor exclusiva de las empresas. Fruto de esa colaboración público-privada que apuntaban los empresarios y los políticos, la última Junta de Gobierno Local de 2022 anunció la reactivación de la Oferta de Empleo Público, que se traduce en la “creación de empleo público neto” con 40 plazas, según anunció en su momento Eduardo Castillo, concejal de Recursos Humanos.

También desde la res publica, aunque desde un ámbito superior, la Junta de Andalucía ha destinado en la actual legislatura 40 millones de euros para impulsar 422 proyectos empresariales en la provincia, lo que supone duplicar las ayudas de la anterior etapa, según anunció la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, quien también añadió que estas subvenciones  han movilizado más de 100 millones de euros de inversión empresarial en la provincia de Granada.

También desde la institución que gobierna Juanma Moreno hay que destacar el cerca de medio millar de contratos que se esperan para este año gracias al programa Empleo y Formación, que recientemente entregó sus distinciones a 25 empresas de la provincia de Granada, que desarrollaran puestos de trabajo tanto para los perfiles tecnológicos como para recuperar los tradicionales

Más de 45 millones de ahorro por impuestos

Carazo hizo estas declaraciones durante la visita a una empresa de la provincia, momento que también aprovechó Carolina España, responsable de Economía y Hacienda, para reseñar la bajada de impuestos de la Junta de Andalucía que, según las estimaciones del propio Gobierno autonómico, permitirá ahorrar "45,7 millones de euros entre la deflactación del IRPF, la subida de los mínimos personales y familiares, la supresión del canon del agua y la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio".

Aunque aún está por ver la efectividad de esta medida, lo cierto es que los impuestos se han convertido en el campo de batalla, al menos en lo económico. Sin ir más lejos, las medidas más destacadas que salieron del último Pleno de 2022 en el Ayuntamiento de la capital fueron la bajada del 2% del IBI a todos los granadinos, la bonificación al 100% del Impuesto de Actividades Económica (IAE) en el año 2023 y la exención total de la Tasa de Edificación y Obras para quien acredite el uso de materiales reciclados. Una bajada de impuestos que salió adelante solo con los votos a favor de PSOE y UP y la abstención del reto de grupos, entre ellos el popular. 

También en la misma sesión se aprobó el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas para la subida de 0,05 euros el metro cúbico, una medida que contó esta vez con el apoyo del PP y la abstención, entre otros, de UP.

Un presupuesto 'in extremis'

Mucho antes del Pleno de diciembre, en septiembre, el Ayuntamiento de la capital aprobó sus presupuestos para 2022, que cuentan con 307,1 millones para ingresos y unos gastos de 306,5 millones. Unas cuentas que salieron adelante sobre la bocina, ya que de no haberse materializado el acuerdo sellado con UP se hubiera tenido que renunciar a unas nuevas cuentas y seguir prorrogando las anteriores por falta de tiempo. 

Del total de ingresos previstos en el presupuesto, el capítulo más elevado (113,5 millones), se debe precisamente a los ingresos por impuestos directos. Le siguen las transferencias corrientes (108,5 millones) y, en tercer lugar, las tasas, precios públicos y otros ingresos (58). En cuanto a los gastos, el 40% (122,7 millones) se los lleva lo bienes corrientes y servicios, siendo en esta ocasión la principal partida, seguida de los gastos de personal (114 millones) y las transferencias corrientes (43,6).

Concejales de UP y no adscritos votan a favor de los Prespuestos

La aprobación del presupuesto supuso un espaldarazo al equipo de Gobierno en esta última etapa del mandato y puede ser el último de la legislatura, ya que aunque Cuenca mostró su intención de intentar aprobar unas nuevas cuentas para 2023, lo más seguro es que se prorroguen.

También el pasado año la Diputación provincial logró aprobar sus Presupuestos, que superan los 350 millones e incluye el Presupuesto de la propia Diputación, del Patronato García Lorca, y el de sus organismos autónomos Cemci (Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional), la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, la sociedad Visogsa, el Patronato de Turismo y el Servicio Provincial tributario.

Las cuentas de la entidad supramunicipal ascienden a 318,5 millones en su estado de ingresos, con un crecimiento de más de un 12% respecto a este ejercicio. En el apartado de gastos 316,4 millones, un 5,37% más que en el ejercicio de 2022.

El Presupuesto también incluye una partida de 450.000 euros para poner en servicio la Oficina de Reto Demográfico y para implantar una red de agentes, que trabajarán en las comarcas, para afrontar la despoblación. Además, se incrementan las acciones de apoyo al tejido empresarial de la provincia, para lo que se va a crear la oficina Acelera PYME, que impulsará la digitalización de las pequeñas y medianas empresas rurales y que estará cofinanciada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (256.226 euros). Junto a ello, la Diputación proseguirá con las líneas de apoyo al tejido empresarial a través de convenios y proyectos con las cámaras de comercio de Granada y Motril, que suman más de 137.000 euros. Aumenta igualmente el apoyo al sector agroalimentario, tan importante para el medio rural, y a la marca Sabor Granada, cuyo presupuesto pasará de 449.500 euros a 687.747.