El ex jefe de Policía Local de Granada, expedientado por acosar a los agentes que se negaron a retirar multas a cargos políticos

El Ayuntamiento de Granada acaba de concluir su propia investigación interna contra el anterior jefe de Policía Local, el intendente José Manuel Jiménez Avilés, que fue señalado por presunto acoso laboral por uno de los agentes del cuerpo. Concluye el instructor y la comsión designada, además de la propia concejal de Movilidad, Ana Agudo, que hay "base racional para exigir responsabilidad disciplinaria" al jefe policial nombrado por este mismo gobierno al inicio del mandato actual, aunque fue relevado en el cargo este año, después de salir a la luz pública el caso de supuesto amaño de oposiciones investigado por el juzgado. En este asunto, el agente denunciante y su compañero, responsable de la sección de Tráfico, habrían sufrido represalias por no plegarse a ciertas órdenes, como la de retirar denuncias de tráfico a cargos políticos, conocidos o personas allegadas a agentes de policía. El instructor propone llevar este asunto a la Fiscalía.

Este asunto ha discurrido paralelo en el tiempo con la causa judicial de los presuntos amaños, pero no tiene relación directa. La investigación interna se ha desarrollado durante este año 2025, después de la primera queja del agente en abril de 2025, que pidió la activación del protocolo de acoso del Ayuntamiento de Granada. Para el policía, el "germen" de todos los problemas que asegura haber sufrido por parte de la cúpula policial fue la negativa de él y su compañero a retirar determinadas denuncias de tráfico. Una de ellas, la primera que menciona, es a la actual vicepresidenta de la Diputación, Marta Nievas, por estacionar en un paso de peatones. También se menciona en el expediente de investigación, al que ha tenido acceso este periódico, otra sanción al secretario general del Gobierno de la Junta de Andalucía cuando circulaba en motocicleta. En este caso, el agente relató que su compañero y él recibieron llamadas de varios compañeros y que fueron presionados al decirle que el infractor "hablaría con Marifrán" (en referencia a la alcaldesa de Granada).

Esa denuncia de tráfico, según aparece en el expediente, no se llegó a tramitar inicialmente y el inspector que la puso tuvo que volver a tramitarla. "El cambio de destino que se le realiza coincide con este hecho", según el declarante.

Otro conflicto relatado por el denunciante fue un episodio con el hijo de otro agente del cuerpo que circulaba en moto a gran velocidad y sin carné. Tras inmovilizar el vehículo, fue llevado por los agentes a la central policial y allí fue recogido por su padre, otro agente, lo que provocó un episodio tenso y una reunión posterior en el mismo despacho del intendente principal. "Para mí estáis muertos y enterrados", asegura que les dijo el padre del menor infractor, en presencia todo de Jiménez Avilés, sin que éste interviniera.

El comité asesor constituido para dar curso al protocolo de acoso ha concluido que algunos de los hechos y presuntas represalias tomadas contra los agentes tienen verosimilitud, sobre todo por los testimonio de terceras personas, como el del policía que fue propuesto por Avilés para sustituir a uno de los agentes en su puesto. Explicó que fue el mismo jefe quien le pidió que asumiera sus competencias y ante las reticiencias del mismo y la pregunta de por qué había que hacer ese cambio, el informe expone que el intendente dijo: "Lo tengo que cambiar porque si no me lo tengo que foll... a él y a su compañero" (en referencia a represalias laborales). El argumento que habría dado es el de la acumulación de quejas ciudadanas.

La duda sobre la acumulación de quejas

Pero la investigación del presunto acoso también pone en duda la credibilidad de esas quejas o que éstas tuvieran suficiente volumen y consistencia para tal represalia. En concreto, el instructor menciona que constan siete quejas en cuatro años. Entre las 3.727 denuncias por infracciones que tramitaron, el porcentaje de queja es de un 0,19%. "Se evidencia -concluye el instructor- por el intendente principal en aquel momento una voluntad de atentar contra la dignidad del agente, creando un entorno degradante y ofensivo contra él". El informe propone que en la Policía se adopten medidas para regular el procedimiento relativo a la tramitación de quejas de los ciudadanos contra la actuación de los policías locales, para garantizar la participación del agente.

Otro de los indicios claros del acoso laboral fue el intento de cambiar el reglamento interno de la Policía para incluir un artículo referente al "destino forzoso". Otro de los mandos de la cúpula señalados por el agente denunciante declaró que esto se hacía con la intención de obtener una herramienta ágil para actuar con policías que "desoyen las indicaciones de la Jefatura".

El único de los mandos señalados del que la comisión ha concluido que hay indicios sólidos de acoso laboral es Jiménez Avilés, porque los otros dos dirigentes policiales han quedado eximidos de responsabilidad, al no quedar acreditado de forma suficiente que pudieran incurrir en esas conductas.