La pobreza energética asoma en estos días, jornadas en las que el alza de la electricidad se alía con las temperaturas veraniegas para propiciar que más de uno le den escalofríos ante la mera idea de encender el aire acondicionado en horario punta. Definida por la Asociación de Ciencias Ambientales como la dificultad de hacer frente a las facturas energéticas o la necesidad de destinar una proporción importante de los ingresos a satisfacer estas facturas, la pobreza energética se hizo palpable en la anterior crisis económica –la que se recrudeció en 2010 y tocó techo en 2012 tras el colapso del boom del ladrillo– con una crudeza que obligó a instituciones y entidades a destinar recursos a ayudar a las familias a pagar recibos. Ayuntamientos, diputaciones, ONG y empresas colaboran desde entonces para paliar los efectos de esta imposibilidad de pagar la factura de la luz o del agua. Sólo en la provincia de Granada, 54.360 clientes de Endesa –la principal suministradora de energía, con 400.000 usuarios de los 500.000 que se contabilizan en el territorio– cuentan con bono social.

La mayoría de estos, 28.016, son beneficiarios de un descuento del 40% en el importe de la energía consumida. Son los más vulnerables, los que viven una situación más precaria, lo que les hace destinatarios de una mayor rebaja. Otros 26.344 clientes de Endesa son beneficiarios de una rebaja del 25% en este mismo importe, según los datos aportados por la empresa suministradora. Esta misma fuente también apunta a que el número de usuarios que han visto aprobada su solicitud de bono social no ha aumentado pese a la pandemia y a la crisis que ha provocado el Covid-19. La compañía también indica que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –que es la que concede el bono social– ha creado un bono específico para atender las situaciones derivadas por la pandemia. Según los datos aportados por Endesa, únicamente el 10% de los clientes con bono social se ha acogido a esta nueva modalidad de ayuda, sin que esté claro el motivo de ese porcentaje tan bajo.El bono social Covid-19 abre el paraguas de una rebaja del 25% en la energía consumida a los desempleados, personas afectadas por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) o, en el caso de ser empresario, ha visto decrecer sus ingresos por cuidados o circunstancias similares.

Granada es una ciudad con notables oscilaciones térmicas, fundamentalmente en verano y en invierno, y un parque de viviendas que, en el caso de la capital, no siempre está acondicionado para hacer frente a frentes fríos intensos o a olas de calor. La solución es tirar de calefactores, braseros y aire acondicionado, imprescindible incluso de noche para soportar mínimas como las registradas a mediados del mes de agosto, del 12 al 15, cuando el mercurio no dio tregua y se mantuvo por encima de los 24 grados por la noche y superó los 44 durante las horas centrales del día. En esas tórridas jornadas todos los granadinos sufrieron las consecuencias del calor –de forma más llevadera aquellos en zonas de Costa, posiblemente– pero no todos pudieron darse el gusto –o el alivio– de poner el aire acondicionado. Las viviendas son, en días así, inhabitables.

El bono social tiene como finalidad facilitar un descuento en la factura. Está regulado por el Gobierno, aunque son las comercializadoras las que tramitan las peticiones de los clientes. Se puso en marcha en julio de 2009, y en 2010 eran ya 77.100 los usuarios beneficiarios en Granada: parados, pensionistas, familias numerosas o clientes con una potencia contratada inferior a los 3kW podían solicitarlo. Hace tres años, en 2018, todos los beneficiarios tuvieron que renovar la solicitud de descuento, y perdieron la posibilidad de acogerse a la misma los que tenían contratados menos de 3kW de potencia, tras determinarse que parte de los solicitantes en realidad no tenían necesidad de tal ayuda y que los inmuebles donde se aplicaba eran segundas residencias, muchas de ellas en la Costa.

Una vez cerrada esa grieta, son 54.360 los clientes de Endesa –lo que supone el 13% de sus usuarios– los que se benefician del bono social. 28.016 son considerados consumidores vulnerables severos, esto es, perciben una renta anual que es la mitad que la que tienen los consumidores vulnerables. En el caso de las familias numerosas, la renta anual es menor a 15.817 euros, o dos veces el IPREM. También son considerados vulnerables severos aquellos consumidores que perciben pensión mínima, y no perciben otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros, el consumidor o la unidad familiar a la que pertenezca debe percibir una renta anual igual a un IPREM de 14 pagas (7.908,60 euros).

Los considerados vulnerables son las familias numerosas, pensionistas o clientes que tengan una renta igual o inferior a 19.771,50 euros, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar. Si hay un menor, la renta máxima para acogerse a las ayudas puede llegar a los 15.817,20 euros, que se rebaja hasta los 11.862,90 euros en el caso de que no haya menores. Existe un tercer grupo de beneficiarios. Si se es un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

Las ayudas se puede solicitar por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a las comercializadoras de referencia –en el caso de Granada, fundamentalmente Endesa–, quienes deben tramitar el bono.