La oleada de bajas médicas de funcionarios de prisiones que ha tenido lugar a nivel nacional y que en Granada ha dejado la cárcel de Albolote bajo mínimos está siendo investigada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El motivo que indican desde la institución es que pueda tratarse de una huelga encubierta organizada, algo que, de confirmarse, tendría "consecuencias penales".

El propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en declaraciones esta mañana a Onda Cero, ha asegurado que su departamento está comprobando esos partes de baja de tres días para depurar responsabilidades que podrían ser penales si se constata que se trata de ausencias "masivas", "premeditadas" y "organizadas".

Estas declaraciones han tenido respuesta por parte de los sindicatos. Desde CSIF han reprochado a Ortiz que "amenace con acciones legales contra el colectivo", así como han exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "por poner en duda la profesionalidad del colectivo".

Según han indicado a través de un comunicado, "en vez de amenazar, debería coger el toro por los cuernos, sentarse a negociar y afrontar las necesidades de esta Administración", además de pedir que "deje de atacar a este colectivo y afronte los graves problemas que sufre".

Ante esta situación, la cárcel de Albolote se encuentra en "riesgo de seguridad" durante estos días. En torno a 60 funcionarios se han dado de baja médica en las últimas 48 horas, lo que ha obligado a una veintena de trabajadores a realizar servicios de 24 horas, así como a que se tenga que recurrir a personal en prácticas para poder garantizar un servicio mínimo en la prisión. Lo cual ha incrementado el clima de "hartazgo" e indignación colectiva en todo el sector penitenciario ante la "política de recortes y la falta de negociación" por parte del Gobierno.

Este hecho fue denunciado ayer por la Junta de Personal de las Instituciones Penitenciarias de Granada ante la Subdelegación del Gobierno, ya que todo ha derivado en una "situación de riesgo”, tanto para “su propia seguridad como la de los internos y el establecimiento penitenciario”.

En el escrito que se remitió a la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, la Junta de Personal denuncia la situación actual de la cárcel en la que “los servicios se están soportando por funcionarios/as en prácticas”, un hecho que “contraviene la normativa en materia de formación”. Según exponen, “por su inexperiencia pueden estar en riesgo tanto su propia seguridad como la de los internos y el Establecimiento”.

El pasado noviembre, los funcionarios de prisiones protagonizaron seis jornadas de huelga que en Granada contaron con un seguimiento del 95% de la plantilla y desembocaron en la concentración frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada de un centenar de trabajadores. Tras ella, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para sentarse a negociar. De no producirse, anunciaron nuevas medidas de protesta para denunciar su situación.

La reunión llegó una semana más tarde, sin embargo, la respuesta por parte del secretario general de Instituciones Penitenciarias fue que “no hay posibilidad de incremento retributivo alguno. El marco legal es el acuerdo de subida para la AGE en los tres próximos años”.

Ante ello, el coletivo señaló al Ministerio del Interior como “absoluto responsable", e indicó que se trabaja de "otra mentira más por parte del Gobierno socialista y una provocación ante la situación de conflicto laboral”.

En concreto, en la provincia granadina, de los 540 trabajadores –tanto personal laboral como funcionarios– repartidos entre el Centro Penitenciario de Albolote y el CIS Matilde Cantos, faltan 84 funcionarios en plantilla para puestos de vigilancia. Lo que supone una ratio de un trabajador de 55 años de media por cada 120 internos.

A esta falta de personal, hay que sumar el agravio salarial de los funcionarios de Granada –perjuicio que también sufren en otras provincias españolas– respecto a comunidades como el País Vasco donde, según denuncian desde la plataforma sindical de Albolote –formada por CSIF, CCOO, UGT y Acaip–, cobran 400 euros más pese a tener menor ratio de internos por cada funcionario.