El Juzgado que instruye el caso Nazarí ha reclamado al Ayuntamiento de Granada el envío de un expediente que sorprendentemente no aparece entre la documentación entregada o requisada en Urbanismo hace ya varios años por la Policía, cuando se requirieron todos los documentos relacionados con la construcción del edificio Be Suites, donde está ubicada la sede provincial del Partido Popular.

Las posibles irregularidades urbanísticas o "trato de favor" otorgado desde el Ayuntamiento al promotor de este inmueble (García Arrabal) que se investigan en este caso está siendo objeto de un estudio exhaustivo por parte de los peritos judiciales de la Junta de Andalucía encargados de hacer los informes urbanísticos. Estos inspectores, que pertenecen a la Consejería de Ordenación del Territorio y trabajan en Sevilla enviaron una carta al Juzgado en la que informaban de que habían echado en falta un expediente que es imprescindible para hacer su valoración, pues se trata del estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento en 2005, en el que se recogían las condiciones urbanísticas que se le otorgaban a la parcela conocida como la del antiguo colegio Progreso, en el Zaidín.

Años después, el promotor privado consiguió levantar allí un edificio destinado a oficinas y apartamentos turísticos, que se habrían vendido como pisos residenciales, después de que la empresa tramitara una serie de cambios de uso en el Ayuntamiento.

A través de la documentación con la que cuenta la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Policía ya ha entregado al Juzgado algunos informes en los que pone de relieve posibles irregularidades o trámites favorables al promotor. En particular, se fijan en una reunión celebrada con algunos de los técnicos municipales imputados en el caso, tras la cual el propio empresarios se sorprendía de las facilidades que les habían otorgado para hacer los cambios en el proyecto.

Entre la documentación intervenida por la Policía el día de la Operación Nazarí (cuando se practicó la detención del entonces alcalde José Torres Hurtado y otra quincena de imputados, y se llevaron a cabo registros en diferentes edificios, incluido éste), figuran los contratos de alquiler del gran local de la planta baja del edificio, firmados por el promotor de esta obra, García Arrabal, y el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez.

El partido siempre ha tratado de despejar cualquier duda sobre la legalidad de su sede y del negocio suscrito con este empresario al incidir reiteradamente en que se trataba de un alquiler, de modo que no habría mayor relación contractual. Pero hace escasas semanas, el propio Pérez anunció en un acto con los afiliados, con motivo de la visita de María Dolores de Cospedal, que el PP ya era propietario del local donde se encuentra su sede. Aunque no ha aportado más explicaciones al respecto después, hay que tener en cuenta que aquellos contratos de alquiler encontrados por la Policía ya recogían una opción de compra a los 5 años, que es justo el tiempo transcurrido, pues se firmaron en 2013.

Esa opción de compra del contrato suponía el descuento de todas las cuotas de alquiler pagadas hasta esa fecha, así que en realidad las condiciones de la compra actual se habrían negociado antes de 2013, durante la construcción del edificio. Pruebas de ello son otros borradores anteriores del contrato que también fueron hallados en los registros.

La Policía también ha apuntado ya posibles irregularidades en la construcción y posterior uso y venta del inmueble, en particular con referencia a los locales que lindan con los del PP, vendidos por el mismo promotor al Colegio de Médicos.

A juicio de los investigadores y tras el análisis de los documentos requisados en los registros, la construcción de salas de reuniones en la planta sótano del edificio, destinada originalmente a garajes, sería una operación ilegal que se habría producido gracias al "trato de favor" dado a este empresario por los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.

"La implantación de las salas de reuniones en lugar de los aparcamientos y almacenes proyectados supone un beneficio para el promotor, al poder incrementar el precio de venta de la superficie destinada en principio a aparcamientosy ser destinada a salas de reuniones, cuyo precio de venta es superior", exponía la Policía en su informe, remitido al Juzgado de Instrucción 2 de la capital. Su titular, María Ángeles Jiménez, que espera el informe de los inspectores de Urbanismo de la Junta, ha reclamado al Ayuntamiento de forma urgente la entrega del estudio de detalle que falta en la documentación.