En el mes de febrero, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron la reforma de las normas fiscales para reducir la ratio de deuda y los déficits públicos de los diferentes países miembros. La intención es que se haga de una manera gradual y realista, sin perjudicar el crecimiento y protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa. Así, los países donde la deuda pública supera el 60% del PIB o donde el déficit público supera el 3% del PIB tendrán que seguir una “trayectoria de referencia” para conseguir que sus finanzas públicas se alineen a esos objetivos. España es uno de los países campeones en incumplimiento.

Europa ha sido demasiado permisiva estos últimos años, pero le ha llegado la hora de ser sensata. Las razones para exigir unas finanzas públicas saneadas son muchas. Resultan fundamentales para un correcto funcionamiento de la política monetaria. Proporcionan capacidad para responder a posibles perturbaciones económicas en el futuro. Y, de no tenerlas, puede pagarse muy caro en los mercados, con un incremento de la prima de riesgo, que conllevaría un mayor coste de financiación del sector público y del sector privado, incluido el sector bancario. Todo ello empeoraría la sostenibilidad de las finanzas públicas aún más.

Nuestro país, desde la interrupción de las anteriores normas fiscales (la activación de la cláusula de escape), viene acumulando elevados saldos deficitarios en términos estructurales. En 2023, el déficit fue del 3,7% y el endeudamiento público a finales de año se situó en el 107,7% del PIB (¡un billón y medio de euros!), un 30% más de la media de la UEM.

El Banco de España, esta semana, dentro del Informe de Estabilidad Financiera, incluye un análisis que señala que, de no realizar cambios en la política fiscal, la ratio de deuda pública se situaría cerca dl 108% del PIB en 2026 y en el entorno del 120% en el año 2040. Sin embargo, con un plan que incorpore un esfuerzo del 0,5% del PIB al año, la ratio de deuda pública sobre el PIB mostraría una senda decreciente y sostenida que llegaría a niveles cercanos al 75% del PIB en el año 2040.

El caso es que el ajuste habría que hacerlo con un panorama de dificultades que juegan en contra. La primera es el coste de financiación de la deuda. Las cosas han sido fáciles en el pasado con la prolongada etapa de tipos de interés bajos, pero la actualidad es bien distinta. La segunda, y desde una perspectiva a más largo plazo, es el paulatino envejecimiento de la población, que presionará el gasto público, por las pensiones o la sanidad. Como tercera dificultad se encuentran los desafíos de largo plazo, como el aumento del gasto en defensa y las necesidades de inversión pública para la transición climática.

Los últimos años han sido años de crecimiento, mucho más que el resto de países europeos, y el Estado se ha beneficiado de forma añadida de una recaudación excelente por la inflación. Pero estas circunstancias tan favorables no se han aprovechado para cuadrar cuentas ni para reducir deuda, que viene incrementándose en unos 200 millones de euros cada día. Ahora nos toca hacer ajustes cuando las perspectivas para el futuro no son tan ideales.