Ayer asistimos a un verdadero y preocupante choque de trenes entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las discrepancias sobre las medidas a aplicar en Madrid para doblegar la curva de la pandemia.

Desde la perspectiva de la ciudadanía (en especial la de Madrid) esta discrepancia sólo puede conllevar miedo, indignación y descrédito. Y la protección de la salud es una misión tan fundamental que no se puede justificar que, ante cualquier discrepancia sobre las medidas a adoptar, no se resuelvan con acuerdo. Cuando el acuerdo no se produce, no queda más opción que prevalezca el criterio de quien tiene la mayor responsabilidad. En este caso, el Gobierno de España.

No sólo se puede argumentar en favor de que la máxima autoridad ante la ciudadanía y ante los organismos internacionales y ante otros países en el caso de una pandemia corresponde al Gobierno de España sino que, en términos de protección de la salud, las medidas que recomienda el ministro de sanidad tienen mayor capacidad de que benefícien la salud de la ciudadanía. Por estos motivos deben prevalecer las propuesta del ministro y es exigible la rectificación inmediata de la Comunidad de Madrid; de no producirse, será imprescindible un ejercicio de autoridad desde el Gobierno de España.

De igual forma es exigible en esta nueva ola epidémica definir indicadores y umbrales explícitos que permitan que en cualquier territorio de España se actúe de manera similar ante situaciones epidemiológicas similares. No sólo hay que vencer esta segunda ola sino que hay que trabajar para evitar una tercera ola. Una situación que podría volver a pasar si no trabajamos en esa dirección.

La gestión de una alerta sanitaria internacional tan relevante y preocupante como la que vivimos a nivel mundial requiere el máximo de consenso técnico y político. La credibilidad de los decisores ante la ciudadanía es un valor que hay que proteger por encima de todo. Por eso, cuando se dan circunstancias como esta debe prevalecer el acuerdo. Y ante el desacuerdo, ha de prevalecer la autoridad superior.

Es exigible la rectificación de la Comunidad para volver a la senda del diálogo y la cooperación y evitar así víctimas civiles. La sociedad lo merece.