Ya hace casi tres años que se aprobó en nuestro país la Ley de la Eutanasia, sin apenas debate social y sin contar con la opinión de los profesionales de la medicina, que finalmente son los ejecutores del proceso. Algunos políticos se han vanagloriado de situar a España a la vanguardia de los derechos fundamentales en el mundo, comparando esta ley con la de países avanzados como Canadá o Nueva Zelanda. Frente a esta demostración de modernidad, está la realidad de los Cuidados Paliativos en España. La ley garantiza que todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país sean atendidos en los últimos días de su vida, tanto en el ámbito hospitalario como domiciliario, para que puedan tener una muerte digna. Pero lo cierto es que hay áreas de salud donde los paliativos no llegan. Y una persona con una enfermedad terminal, que suele causar sufrimiento a esta y a su entorno familiar, no recibe la misma atención en un área urbana que en una zona rural, lejos de un hospital. Incluso hay comunidades autónomas donde los cuidados paliativos tienen una presencia meramente testimonial. Sin una ley que regule la creación de estos equipos en la actualidad, tan solo existe un plan nacional del Ministerio, que deja en manos de las autonomías la administración y el alcance de estos cuidados a la población. Quienes han vivido la situación de últimos días de vida de algún familiar atendido por cualquiera de estas unidades de cuidados paliativos, saben lo importante que es esa asistencia médica para paliar el dolor y el sufrimiento físico y psicológico, no solo en los hospitales, sino también, y de manera ideal, en el propio domicilio del paciente. La realidad en nuestro país es que según el último informe del Journal of Pain and Sympton Management, sobre calidad de la muerte en 2021, España se situaba en el puesto 28, por detrás de países como Bielorrusia, Hungría o Botsuana, estando en el puesto 31 de Europa en equipos de estos cuidados (de media, 0,6 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, siendo la recomendación de 2; una hospitalaria y otra domiciliaria). Reclamemos por tanto de una vez por todas, tanto desde las asociaciones de pacientes, colegios profesionales y la sociedad en su conjunto, unidades de cuidados paliativos que lleguen hasta el más recóndito lugar de nuestro país, para garantizar a todos los ciudadanos una muerte digna.