En las próximas semanas se va a producir un debate y (seguramente) la aprobación de una ley que pondrá en vigor el derecho a la eutanasia en España. Ello obedece a una iniciativa parlamentaria del PSOE en cuya elaboración he tenido el honor de participar junto a la actual ministra de sanidad; María Luisa Carcedo, el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, Jesús María Fernandez; la diputada Guadalupe Martín, el diputado granadino Gregorio Cámara y un amplio equipo cualificado de profesionales.

En definitiva, esta Ley va a introducir en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia. Se entiende por ésta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.

Con esta iniciativa se abrirá un debate muy trascendente que estoy convencido que va a culminar ampliando los derechos de la ciudadanía en un tema que hoy ya es un clamor en la sociedad.

Esta es una cuestión en la que, de nuevo, la derecha se ha situado al margen de las necesidades de la sociedad ya que los dirigentes del Partido Popular actúan otra vez presos de la visión de la cúpula de la Iglesia católica. El presidente de dicho partido, Pablo Casado, dice que este no es un problema en España. Desconoce así tanto a la sociedad española, como a su propio partido. De hecho, el jueves tuve ocasión de denunciar en el Senado que muchos compañeros suyos nos trasladan que ojalá aprobemos pronto la nueva Ley para evitar situaciones que han vivido con familiares o amigos cercanos.

De nuevo como sucedió con el divorcio, el matrimonio de personas del mismo sexo, el aborto y otras situaciones similares, la derecha se opone aunque luego termina aceptando los avances sociales que impulsa el PSOE.

Sería conveniente aprovechar el debate para que la sociedad también esté segura de que la nueva regulación ofrece todas las garantías que son exigibles para una sociedad avanzada y democrática. Eso depende de todos los grupos parlamentarios. Por nuestra parte, la del PSOE, ese será uno de los principales empeños en el futuro inmediato.