Es indiscutible que el mantenimiento del Estado de Bienestar depende de la eficacia y la equidad del sistema fiscal para permitir la recaudación de impuestos y sufragar así el coste de las prestaciones más valoradas por la sociedad. Es el caso de las pensiones, la sanidad pública, la educación publica, los servicios sociales o la atención a las personas dependientes, entre otras.

En buena parte, la situación de la economía es la que contribuye a disponer de recursos para estas finalidades y, dado que el envejecimiento de la sociedad hace necesarios más recursos para varios de los asuntos citados, llevamos un tiempo en el que es habitual encontrarse con reflexiones de diversa naturaleza sobre la forma de asegurar la sostenibilidad del Estado de Bienestar. En base a esta situación, aparecen diversas propuestas en relación a las reformas necesarias en la economía y en la gestión de estas prestaciones para hacer viable su futuro. Considero que estos asuntos van a marcar el futuro de los debates en el ámbito de las políticas públicas y que en ellos estaremos implicados todos de una u otra forma. Reformas del sistema de pensiones, en el terreno laboral o en sanidad, educación y otros ámbitos, marcarán nuestro futuro como sociedad.

Pero curiosamente hay un aspecto que tiene una relación más directa de lo que parece en la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por tanto, en el mantenimiento del Estado de Bienestar: el fraude fiscal. Los datos sobre fraude fiscal nos muestran la dificultad de estimar su impacto real en la economía española; si nos atenemos a las estimaciones del sindicato de Técnicos de Hacienda, unos 38.000 millones de euros se dejarían de recaudar cada año como consecuencia de la economía sumergida, (más de la mitad de lo que nos cuesta la sanidad pública en España, por ejemplo), aunque son estimaciones que probablemente sean cálculos prudentes a la baja.

Buena parte de este fraude fiscal puede evitarse con la implantación paulatina de las transacciones sin dinero físico a través de tarjetas bancarias y apps en teléfonos móviles. Incluso, es previsible que se extienda pronto en muchos países la obligatoriedad de impedir el uso de dinero en las transacciones superiores a 20 o 30 euros (o cifras similares), lo cual permitiría el adecuado control de Hacienda en ámbitos que hoy estarían en la economía sumergida. Esta es una medida viable y es más que probable que la veamos implantada en un futuro cercano.

Hay más fuentes de fraude fiscal sin duda; esta es una de ellas y es por eso que todas aquellas medidas que consigan evitarlo, contribuirán a hacer viable el Estado de Bienestar junto a las reformas que se implanten en el futuro. Probablemente, más que nunca sea necesario conseguir hacer posible el objetivo de acabar con el fraude para contribuir a mantener nuestro bienestar y nuestra cohesión social. Al menos yo así lo creo.