La colmena

Magdalena Trillo

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Juana Rivas: la justicia llega tarde pero llega

Juana Rivas, el verano en el que aún pensaba que podía tomarse la justicia por su mano. Juana Rivas, el verano en el que aún pensaba que podía tomarse la justicia por su mano.

Juana Rivas, el verano en el que aún pensaba que podía tomarse la justicia por su mano.

La Justicia no es un cachondeo. Lo parece en demasiadas ocasiones pero no lo es. Hace dos veranos, Juana Rivas era la madre heroica de Maracena que se enfrentaba a los tribunales para defender a sus hijos de un padre maltratador. Hoy tiene una condena firme a 5 años de cárcel por sustracción de menores, ha perdido la patria potestad y la han obligado a pasarle a su 'ex' una pensión de 300 euros al mes.

Todo empezó en el Centro de la Mujer de Maracena: en mayo de 2016 regresó a España de un viaje a la isla de Carloforte donde había vuelto a convivir con su pareja, el italiano Francesco Arcuri, buscando una segunda oportunidad. Sólo unos días más tarde de su regreso, recurrió a los servicios del IAM de su pueblo para denunciar que había sufrido nuevos episodios de violencia de género y de allí se fue a la Guardia Civil. Ese mismo verano decide, (mal) asesorada por los profesionales del Centro de la Mujer, que no vuelve a Italia. Ni ella ni sus hijos.

En diciembre la justicia se pronuncia y le advierte que tiene que entregar los menores. Ella apela alegando el riesgo del "padre maltratador". Los tribunales insisten y ratifican el auto. El 25 de julio de 2017 desaparece con los pequeños… y no pasa nada. Se lanza una orden de búsqueda y captura, se despliegan las fuerzas de seguridad intentando localizarla… y no pasa nada. El revuelo mediático es mayúsculo. Reaparece un mes más tarde, comparece ante el juez… y no pasa nada. Queda en libertad provisional.

Un año más tarde se enfrenta al juicio. Estamos ya en el verano de 2018. Juana Rivas se sienta en el banquillo de los acusados y sufre el primer varapalo: condena a dos años y medio de cárcel por sustracción de cada uno de sus hijos, seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, una indemnización de 30.000 euros por el daño moral y material causado a su pareja y al pago de todas las costas del juicio. El pasado 14 de marzo, la Audiencia Provincial ratificó la condena a 5 años de prisión por la desobediencia y los continuos desacatos judiciales que ha protagonizado desde que vuelve a Maracena y decide tomarse la justicia por su mano.

Italia le ha dado este semana un nuevo varapalo: los tribunales de Cagliari han acordado conceder la custodia exclusiva a Francesco Arcuri -los pequeños vivirán con su padre y sólo podrán pasar con la madre parte de las vacaciones de verano- y son tremendamente duros con la granadina: la retratan como "manipuladora", llegan a decir que tiene "un funcionamiento psíquico gravemente patológico" y hablan incluso de "desorganización mental". Sitúan a los menores bajo la protección del padre pero tampoco se fían; los servicios sociales deberán estar vigilantes.

El escrito, en realidad, no difiere del aportado por la psicóloga italiana que trabajó el caso durante cinco meses en el marco del proceso judicial para decidir la custodia de los niños que ahora tienen 5 y 13 años de edad. En la pericial recomendaba otorgar la custodia al padre pero siempre bajo "monitoreo" y estricta supervisión de profesionales.

Cuestionaba, además, las dificultades de Arcuri "para expresar sus sentimientos" y advertía de la "situación psicológica extremadamente difícil" y del "profundo sufrimiento" de los pequeños. Retrataba, en definitiva, las aristas de una relación tóxica y conflictiva que al final siempre termina golpeando a los más vulnerables: a los hijos.

La Justicia no funciona a golpe de populismo. Lo parece en demasiadas ocasiones pero no es real. El recorrido del caso Juana Rivas en los tribunales ordinarios no tiene más camino que la frustración. La propia defensa de la madre dudaba estos días si recurrir al Supremo cuando la admisión a trámite de la causa ya se presenta como una dificultad: sólo se pueden alegar cuestiones de aplicación de normas y legalidad, por lo que la queja de Rivas de que no se ha tenido en cuenta en el proceso -ni en España ni en Italia- la denuncia por malos tratos que sigue pendiente de resolución volvería a quedar fuera del examen de los jueces.

Aunque los casos de supuestas agresiones son múltiples, no ayudan a su defensa los términos en los que acaban de expresarse los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada al ratificar la condena de prisión y advertir que la madre "desvía la atención" con la violencia machista. En concreto, como esta semana desvelábamos en Granada Hoy, el tribunal le reprochan que, al poco tiempo de que el padre fuera condenado por malos tratos (tras una denuncia de 2009), Juana Rivas le dejara a su cuidado el único hijo que tenían entonces para hacer un viaje a Camboya. Entonces ella tenía la responsabilidad del menor y no tuvo el más mínimo reparo en dejarlo a su cargo...

La vía judicial ordinaria se presenta, por tanto, con un horizonte borroso y, en el caso de la vía extraordinaria que representaría Estrasburgo, hablamos ya de un proceso complejo y dilatado en el tiempo que tendría que ir superando plazos obligados y formalismos sin poder evitar una realidad: que Juana Rivas ha perdido a sus hijos.

¿La única salida el indulto?

Ni siquiera el indulto se presenta ya como un atajo. Poca capacidad de reversión tienen las 350.000 firmas que se han recogido en Change.org y las manifestaciones que, a golpe de pancarta, se siguen celebrando en las plazas. También el indulto es un proceso largo y complejo. La propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, lo advierte en una entrevista que hoy publicamos: se muestra muy escéptica, recuerda que es un recurso estrictamente "reglado" y enfatiza que "lo importante son los niños".

De entrada, no será el Ejecutivo de Sánchez -al menos no el que salió de la moción de censura presumiendo de ser el más feminista de toda la OCDE- el que lo otorgue: el indulto no se puedo solicitar hasta que se agote por completo el recorrido judicial ordinario y, una vez que se formalice, el Gobierno tiene un plazo de un año para contestar.

A la espera de que se resuelva el proceso por su segunda denuncia de malos tratos, la Justicia sigue su curso. Incomprensiblemente lenta y desesperadamente compleja. Sin prisa pero sin pausa. Incluso cuando es clemencia lo que se pide para una madre que se dejó asesorar -y utilizar- cuando se creyó bandera de una causa que no era la suya.

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