El pasado jueves, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática. Ha pasado al Senado y antes de final de año quedará definitivamente aprobada. Es un proyecto de ley relevante. Fue elaborado por el Gobierno durante años y no ha tenido una tramitación fácil en el Congreso pues ha transcurrido un año hasta que se ha alcanzado el acuerdo suficiente para aprobarla. El conglomerado político-mediático que intenta dominar la vida política española, sin importar los cauces ni el respeto a la verdad, ha atacado esta ley vinculándola a ¡ETA! El dislate es tan mayúsculo y la intención tan ruin que no voy a dedicarle una línea. Simplemente, lamentar que el debate público quiera ser hurtado con bulos.

En efecto, la Ley de Memoria Democrática merece un debate público serio y riguroso. A partir de la pionera ley de 2007, contiene una regulación completa de las políticas de memoria. Para ello, se sustenta en los cuatro pilares que ha establecido el derecho internacional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Antes, se inicia con un título dedicado a las víctimas de la guerra y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución de 1978. El derecho a la verdad se vincula a la intervención de los poderes públicos en la localización e identificación de fosas, sin dejarlo a la iniciativa privada, o la creación de un banco de ADN. La justicia se concreta en la creación de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En la reparación y el deber de memoria democrática encontramos una amplia serie de actuaciones en relación a símbolos, revocación de condecoraciones o supresión de títulos nobiliarios del franquismo. Especial interés tienen, a mi juicio, los cauces previstos para la extinción de fundaciones o la futura disolución de asociaciones que hagan apología del franquismo cuando humillen la dignidad de las víctimas o inciten a la violencia. En fin, una ley valiente, con respuestas audaces que pueden y deben ser debatidas.

Por ello, la derecha debería haber participado en la tramitación de esta Ley, si quiere diferenciarse de la ultraderecha. Debería haber negociado sus enmiendas con los otros grupos para acordar aquellos aspectos que le resultan inaceptables. Sin embargo, se ha excluido desde el principio. Al final, se ha limitado a hablar de ETA y a anunciar que derogará la ley si llega al Gobierno. Sabemos lo que hace allí donde gobierna: obstaculiza la exhumación de restos de víctimas que aún están en las cunetas, olvidando que, como dijo el papa Francisco, "una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos".