Ante el derroche de independentismo prodigado en estos días por los escasos pero convencidos manifestantes en pro de la autodeterminación de Andalucía, conviene recordarles, no sólo que pueden acabar tan desautorizados política y moralmente como Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Cía. -que esperemos ver también en el trullo-, sino que además hay que refrescarles algo la memoria histórica del sur de España.

Y es que no se puede confundir con la existencia de una supuesta Constitución Federal de Antequera de 1883 -que hacen suya y vigente-, cuando únicamente fue un Proyecto de Constitución aprobado sólo por los delegados andaluces del Partido Republicano Democrático Federal. Proyecto consistente, para más inri, en un caótico refrito entre el contractualismo sinalagmático de Pi y Margall, las ideas de Proudhon, el liberalismo social y el socialismo utópico.

Pero es que, sin entrar en que desde 1238 la historia de Granada y de Andalucía han seguido caminos autónomos, aquéllos se aferran a un espíritu andaluz nunca existente -ni antes ni después-, en el que el andalucismo intenta adoctrinarnos desde la más tierna infancia. Ya demostré la pasada semana la gran mentira de la Comunidad Autónoma andaluza -con Boletines Oficiales del Estado (nº 115, de 13-5-1980 y nº 308, de 24-12-1980, y con sentencias de la Audiencia Territorial de Granada-, y cómo las Cortes Generales torcieron la voluntad popular con un pucherazo antidemocrático para construir la farsa de la autonomía andaluza.

Pero quiero aportar nuevos datos oficiales en ese sentido. Porque para que se dictara la Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre, de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica, se tuvo que dictar previamente la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre, de modificación del párrafo cuarto del artículo octavo de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum -BOE nº 308, de 24-12-1980 (pág. 28.373)-. Y es que para consumar semejante mentira se habilitó previamente -descarada y antidemocráticamente- a Diputados y Senadores de Almería a fin de completar la gran farsa. Ambas normas no tienen desperdicio y reconozco que, como jurista, me avergüenzan enormemente.

Gran mentira constatada por otros muchos datos que corroboran la artificialidad de esta autonomía desigual e injusta para Granada y su territorio durante 40 años. Y es que, para justificar unas mentiras, se cometen otras y otras mentiras arriesgadas…