EL juez Miguel Ángel del Arco definió en su día al Centro Nevada como un "Leviatán de hierro y cemento en plena Vega de Granada". En las antípodas de la bestia marina que cita el Antiguo Testamento, su promotor siempre ha pensado que su criatura era digna de convertirse en un referente arquitectónico si no hubiera sido por los problemas de la tramitación del proyecto y el lío judicial que ha corrido paralelo a los bloques de mármol y hormigón que durante una década han subido y bajado a golpe de contradictorias sentencias.

En los más de 370.000 metros cuadrados que coquetean ya con el megahospital del PTS, que a partir de noviembre se disputarán el colapso de tráfico y la estampa sur de la Sierra y la Alhambra, se condensa la historia de fracasos, despropósitos y hasta de mala suerte de una provincia que sigue empeñada en liderar los rankings más frustrantes y negativos de todo un país. Lo son puntualmente las listas del paro y de destrucción de empleo, lo ha sido esta semana la panorámica con los pueblos más ricos y pobres de España -Zafarraya ya tiene el título de ser el último de los últimos-, en infraestructuras hemos innovado cambiando los insólitos veranos de los conos por el paisaje tercermundista de las excavadoras en las playas y, como oportuno punto de inflexión en la interminable trama del desconcierto, ya tenemos un escándalo que sumar al guión: histórica condena contra la Junta por bloquear durante casi diez años el Centro Nevada.

157,41 millones de euros. Es el precio que el Juzgado de lo Contencioso ha fijado de "indemnización por daño emergente y lucro cesante". 157 millones que, si no prospera el recurso, terminarán saliendo de nuestros bolsillos para engrosar las arcas de Tomás Olivo. Sí, ese mismo constructor que estuvo imputado en el caso Malaya, que fue condenado a prisión por maltratar a su ex pareja y que ha protagonizado en Granada algunos de los capítulos más polémicos de la telenovela urbanística. La multa ha desatado una nueva tormenta política que viene a reproducir en formato de ruedas de prensa lo que se comenta a pie de bar: ¿la Junta va a terminar pagando el centro comercial? Porque 157 millones es más de lo que manejan muchas consejerías al cabo de un año. Porque, con 157 millones, casi podríamos permitirnos el lujo de acabar las obras del AVE.

Pero, como ocurre en las mejores novelas negras, lo más jugoso no es lo que se cuenta sino lo que transcurre entre bambalinas. Para empezar, una advertencia. El susto de la sanción podría ser aún mayor: la empresa promotora formalizó una reclamación judicial por 270 millones y el propio constructor calcula que el perjuicio para sus negocios supera los 500. A continuación, lo inaudito: cómo es posible que la negligencia no tenga un coste. Que no haya responsables. Ni en las instituciones ni en los tribunales. Ni a nivel político ni a nivel judicial.

Las explicaciones de la Junta sólo llevan a la contradicción. Este mismo lunes anunció que recurrirá el auto: entendía que los daños por la paralización "no están acreditados", recordaba que el propio Olivo fue condenado en la vía penal del caso -"No se puede indemnizar por daños y perjuicios a quien ha cometido un delito"- y criticaba que justo el Juzgado de la condena decretó en su momento la paralización. Eso sí, sobre el hecho de que ningún letrado de la Junta acudiera al juicio el pasado 6 de junio sólo pudo alegar que fue un "error de los servicios jurídicos".

El grupo parlamentario de Podemos, que ha pedido las comparecencias de los consejeros de Presidencia y Hacienda, ve este escándalo como un ejemplo más del "funcionamiento ineficaz" del Gobierno andaluz y del "descontrol interno y externo" que evidencian casos como los ERE o los Cursos de Formación. El PP, por su parte, ya estudia llevar a la Junta ante la Fiscalía por si se han cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El caso Nevada vuelve a sumirse en la confrontación política pero el trasfondo de los 157 millones apunta en otra dirección que nos debería alarmar aún más: el nulo coste que en España tiene dilapidar lo ajeno. Aunque con relativos resultados, a los políticos los hemos terminado situando en el ojo del huracán de la indignación popular. Pero ¿nos atrevemos con los intocables funcionarios? ¿Con los intocables jueces? De la negligencia al delito. De las guerras corporativas a los conflictos de intereses. ¿Corrupción? ¿Negligencia? ¿Descontrol? ¿Un inocente "error"? Hasta el debate parece tabú.