En la biblioteca de la Universidad de Salamanca cuelga un cartel impreso, muchos años hace -siglos, incluso- en el que se advierte, literalmente, de que "hai excomunión reservada a Su Santidad contra cualesquiera personas, que quitaren, distraxeren o de otro qualquier modo enagenaren algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca…" Era, pues, la excomunión y hace siglos, lo peor que podía sufrir un cristiano. Ni siquiera la condena a galeras -de la que decía Cervantes que era como muerte civil- y tampoco la privación de la vida por ajusticiamiento a manos de un fornido verdugo, sobre un grueso tocón de encina, en el cadalso y al filo albaceteño e inmisericorde de una pesada hoja de acerada hacha. Pero no, ¡claro que no! Lo peor de todo era la sentencia de excomunión, la condena a sufrir, para siempre, las penas terribles del infierno y tener que soportar, además de las mofas y sambenitos en vida, tras la muerte las analfabetas jeringonzas y los gritos ensordecedores de ofensas, injurias, insultos, denuestos, improperios y otras exasperantes bullas, algazaras y abucheos, maléficos, en fin, de los diablos -íncubos o súcubos o cualesquiera otros- encargados de tu eterno fastidio, tabarra, joroba y mortificación, con cuyas horcas tridentes no pararán los mefistofelillos de chincharte y zaherirte en los riñones, en las ya doloridas -por muy golpeadas- partes blandas testiculares y en el intento, al descuido, de saltarte un ojo de un certero y eficaz horquillazo. ¡Y todo por robar un libro en Salamanca!

Así que, en proporción, qué hacer hoy día con una ministra iconoclasta de la lengua española, como lo es la señora Celaá, que, además de hacer una ley -nefanda por parcial y vergonzosa- pretendidamente para la educación de los españoles, que claramente conculca derechos fundamentales de los ciudadanos -la libertad de educación- y pasa por eliminar nada menos que la Lengua Española como vehículo de comunicación a través de la cual se transmita la enseñanza a la población estudiantil de España, de toda España. Sí, la excomunión de la señora Celaá sería claramente, proporcionalmente insuficiente.

Y a todo esto el Instituto Cervantes no dice ni pío, se doblega a la norma inculta y anti española de la ministra Celaá, callando como puta celestina complacida, aunque su artículo constituyente dice, en literalidad, que su función es: Promover universalmente -universalmente, repetimos- la enseñanza, el estudio y el uso del español y fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de estas actividades. ¿Tendría algo que decir, al socaire de la nueva pretendida ley de educación, su director, el granadino Luis García Montero? ¿O no?