En noviembre de 2016 se produjeron una serie de deslizamientos que obligaron a cortar unos 40 metros de uno de los dos carriles de la circulación en ambos sentidos, en el tramo Carchuna-Castell de Ferro, de la A-7, el último de esta esperada infraestructura, y que fue inaugurado por Rajoy el 7 de octubre de 2015. El problema es el deslizamiento del terreno, uno de los 'clásicos' de la zona. Pese a que se preveía que estuviera solucionado en marzo, este trozo de autovía continúa con conos y el verano está a la vuelta de la esquina.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, requirió ayer a la Junta de Andalucía para que actúe con celeridad y emita el informe necesario que permitirá iniciar las obras de emergencia en el tramo Carchuna-Castell de la A-7. En la mañana de ayer se presentó en el registro de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Granada el informe favorable emitido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que no ve inconveniente alguno en la planificación de los trabajos propuestos por Fomento para frenar el deslizamiento que ha sufrido la A-7 al considerar que "la Declaración de Impacto Ambiental se encuentra vigente, que el proyecto no ha finalizado y que las actuaciones a realizar para ejecutar el proyecto no necesitarían un nuevo pronunciamiento ambiental". Las obras de emergencia tienen un presupuesto de 2,4 millones de euros.

Francisco Fuentes recordó que en los diez años que duró la ejecución de las obras de la autovía se efectuaron numerosas voladuras y la Junta de Andalucía nunca requirió el pronunciamiento expreso del Ministerio, que ya emitió en su momento todos los informes favorables para las numerosas actuaciones -entre ellas voladuras de mayor envergadura que la actual- que dieron luz verde a las obras de la autovía. El Ministerio, en su escrito fechado el día antes, recuerda que la obra de emergencia "está acogida a la Declaración de Impacto Ambiental emitida el 12 de abril de 2002".

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, Inmaculada Oria, pidió a la Subdelegación del Gobierno que "no ponga a la Junta por excusa del retraso de las obras de emergencia en la A-7 cuando desde el principio les hemos aclarado que el órgano competente es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente". Y solicitó que "no confunda a la ciudadanía culpando a la Junta del retraso de las obras". Según la delegada de Medio Ambiente, "desde el mes de marzo estamos esperando que nos respondan si la actuación está acogida a la Declaración de Impacto Ambiental emitida en el año 2002 o si, por el contrario, es un proyecto nuevo o modificado del inicial". "