Desde principios de esta semana, la Policía Judicial ha tomado declaración a técnicos y funcionarios que participaron en la mesa de adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar y hoy mismo está citada la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio.

La decisión de la Junta de paralizar el procedimiento de concesión para la reapertura de la mina de Aznalcóllar tras alertar una juez de falta de rigor y presuntas irregularidades es de carácter "político", pero no lo anula, explicó ayer a Efe Ramón Escudero, el abogado de la empresa denunciante Emérita Resources. 

Ramón Escudero presentó el pasado mes de febrero una denuncia contra la decisión de la Junta de adjudicar la explotación de la mina de Aznalcóllar al grupo Minorbis -formada por la multinacional Grupo México y la cordobesa Magtel-, por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal. El abogado afirmó que su cliente no iba buscando la repercusión política que ha tenido el auto de la titular del juzgado de instrucción 3, en el que constata falta de rigor en el proceso y presuntas irregularidades, pero los "tiempos han coincidido" con el debate de investidura. No obstante, celebró que "judicialmente se reconocen los hechos denunciados" por Emérita Resources. 

Ramón Escudero señaló que el objetivo de Emérita es que se anule la adjudicación, pero eso sólo se puede lograr por la vía penal si, al final del proceso, así lo decide la juez porque se hayan cometidos delitos. También han recurrido los abogados de Emérita a la vía contencioso-administrativa con el mismo objetivo de que se revoque y anule la adjudicación a México-Minorbis. 

En este sentido, aclaró que la decisión de la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, de paralizar el proceso es "política" porque no anula ni revoca nada sino que en la práctica supondrá que no se le facilitarán papeles o información a la concesionaria.