La Junta de Andalucía ha pedido este lunes en el caso de los ERE fianzas de 1,8 millones de euros y 3 millones para dos presuntos testaferros de empresas que recibieron ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.

En la comparecencia que ha realizado la juez instructora, Mercedes Alaya, los dos empresarios se han acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido para ellos medidas personales ni fianza de responsabilidad civil, ha informado fuentes del caso.

Únicamente la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha pedido una fianza civil de 3 millones de euros para José Enrique Contreras y de 1,8 millones para  Rafael Ávila, presuntos testaferros de las empresas que recibieron ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.

Dicha cantidad responde al montante recibido presuntamente de manera ilícita por las empresas bajo su mandato. La juez instructora ha iniciado hoy la toma de declaraciones a 28 nuevos imputados en el caso de los ERE, lo que ha elevado a 199 los acusados.