El 25 de junio de 2021 se aprobó la Ley de Eutanasia en España. Esto generó un debate enorme acerca de la dignidad en el proceso de morir y el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida en situaciones de sufrimiento extremo. Andalucía ha registrado desde entonces algunos casos, y esto ha dado lugar a la creación de una nueva perspectiva sobre el derecho a morir con dignidad.

En los últimos 34 meses, son 108 expedientes los que se han abierto en Andalucía en relación a solicitudes de eutanasia. Entre estos 108 expedientes, 57 de ellos han sido aprobados. La provincia con mayor número de solicitudes es Málaga, con unas 40 personas.

Estos números hablan solos: nos dicen que esta opción legal está siendo adoptada lenta pero de manera efectiva por una población que sufre problemas de salud graves e incurables.

Según la ley, la eutanasia está reservada para todas aquellas personas que sufran de un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante", dándoles la opción de solicitar asistencia para terminar con sus vidas, de manera digna, controlada y humana. Los trámites burocráticos para esta asistencia no siempre son fáciles, por lo que todas las personas que pasan por aquí tienen algunos desafíos antes de poder tomar la elección de morir digna y libremente.

Este es el caso de José Díaz, un joven de 33 años de edad de Huelva. Díaz decidió ejercer su derecho después de graves secuelas que le dejó un accidente doméstico: este accidente resultó en necrosis cerebral. El proceso de solicitud que tuvo que pasar José duró casi dos años, supuestamente el plazo debería ser de unos 40 días. Sabemos que en Andalucía, el tiempo de espera puede llegar a los tres meses.

Proceso de solicitud

El proceso de solicitud de esta elección empieza en un centro de salud, con un requerimiento escrito, que debe estar firmado por el paciente y por un profesional sanitario. De todas maneras, el médico puede declararse objetor de conciencia y esto implicaría una complicación del proceso y del acceso a la prestación. En el mes de octubre del año 2021 se reguló la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación, además del Registro de profesionales objetores.

La vocal de la junta directiva de Andalucía de la Asociación Morir Dignamente, Isabel Torres, hace una dura crítica hacia la atención primaria que está saturada y la complicada burocracia, ya que hacen que los procesos que se compliquen y los plazos se dilaten, y en algunos casos, los pacientes pueden llegar a fallecer antes de que se les pueda llevar a cabo la eutanasia, por lo que pierden la posibilidad de morir dignamente.

La ley contempla que los pacientes puedan aplazar la decisión de dos a tres meses si así lo quieren. Y demuestran que hay una creciente demanda para esta opción, entre todos las personas que sufren enfermedades graves, incurables y crónicas.