Hasta ahora, conocíamos las individualidades: ayuntamientos que no podían hacer frente al pago de las nóminas, que dejaban de pagar a los proveedores o que, llanamente, se encontraban en una situación de bancarrota. Ayuntamientos que quisieron convertir los ingresos extraordinarios del urbanismo en gastos fijos, como los de personal; ayuntamiento como explicaba hace unos días el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, que cuentan con 5.000 vecinos y 200 de ellos son empleados municipales. Alegrías como éstas, ciertamente engañosas, pudieron ser posibles hasta el año 2006, cuando la burbuja inmobiliaria comenzó a estallar. Ahora, contamos con un dato global de la caída de la recaudación municipal en Andalucía debido a la crisis del ladrillo.

Según la estimación del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), uno de los más prestigiosos del país en el sector inmobiliario, el descenso de recaudación en Andalucía supone el 20% del español, lo que viene a equivaler que entre el año 2006 y 2010 los municipios de la Comunidad han dejado de ingresar 2.996 millones de euros, una cifra equivalente al 2% del PIB andaluz. En cifras redondas: en las arcas municipales no entran nueve de cada 10 euros que en el año 2006 provenían del sector inmobiliario, básicamente en forma de dos conceptos, los impuestos y tasas por ejecución de obras y los aprovechamientos urbanísticos. La caída respecto al ejercicio pasado se estima del 27,25%.

Cada vez que se acomete una promoción en un municipio, la empresa debe ceder un porcentaje del suelo al Ayuntamiento (un 10% de media). La práctica común era convertir esa cesión de suelo en un pago en dinero, aunque la legislación marca que ese recurso debe ser convenientemente argumentado. Es lo que se llama monetarización del aprovechamiento urbanístico, una de las grandes fuentes de ingresos de los ayuntamientos durante el boom junto a los ingresos de las licencias de obra.

Según el Instituto de Práctica Empresarial (IPE), el cálculo variaría mucho según las provincias y las zonas, aunque el 5% de la caída correspondería a la de Málaga. El IPE sí indica que, de momento, hay un aumento de las compraventas, que si sigue al ritmo actual podría suponer un incremento del 10% a finales de este año.

José Antonio Pérez, responsable de investigación y estudios del IPE, las incipiente recuperación del sector comienza notarse levemente, pero advierte de otro riesgo: "El stock de viviendas ya se está digiriendo porque, de forma general, se está vendiendo más de lo que se construye. No obstante, hay zonas donde queda mucho por vender y otras donde ya falta producto y se están iniciando promociones y gestión de suelo para evitar que dentro de dos años suframos un exceso de demanda y vuelvan las tensiones de precios".